Los juzgados gallegos subastaron en lo que va de año un total de 449 bienes embargados por un valor superior a los 106 millones de euros. Se trata de propiedades que se sacan a la venta para saldar las deudas contraídas por su dueños, la mayoría proceden de ejecuciones hipotecarias. Hay desde viviendas, garajes, trasteros, locales comerciales, solares hasta coches y maquinaria. Sin embargo, no todas encuentran comprador. El 35 por ciento de las pujas queda desierta -un total de 157 lotes por valor de 52,3 millones de euros-. En ese caso, es el acreedor quien se queda con la propiedad. Y entre las casi 300 que se adjudicaron, la compra se cierra con rebajas en los precios que de media se sitúan en el 66 por ciento. Así, si el valor subastado fue de 54,6 millones solo se obtuvieron 18,5 millones por su venta.
En octubre del pasado año el Gobierno puso en marcha el portal de subastas judiciales electrónicas, de manera que desde esa fecha las pujas han dejado de hacerse en los juzgados y se realizan todas a través de esta plataforma de internet, para lo cual se requiere un certificado electrónico. Aunque cualquier particular puede participar, la mayoría son empresas interesadas en hacerse con inmuebles a bajo precio para revender.
Algunas de estas subastas se cierran, sin embargo, sin ninguna puja. Los procuradores explican que puede deberse a que se ha fijado un valor de tasación muy elevado y, por lo tanto, el depósito del 5 por ciento para participar en la subasta también es alto. Aunque no se fija un importe mínimo para la puja, si la oferta es un 70 por ciento inferior se da la opción al acreedor de hacerse con la propiedad y mejorar la oferta, de manera que muchos interesados se echan para atrás si el valor de tasación es alto y no pueden ofrecer una cantidad que no suponga una rebaja importante del precio de salida.
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Otra de las razones que frenan a los postores en estas subastas es que la mayoría de las propiedades no se pueden visitar y, por lo tanto, desconocen en qué estado se encuentran.
En estos primeros tres meses del año, sin embargo, los juzgados sí lograron vender 292 bienes, aunque con una rebaja media sobre el precio inicial del 66 por ciento. Algunas pujas se saldaron incluso con ventas por un precio hasta un 90 inferior al fijado de salida. Es el caso de una finca rústica en Oia, tasada en 23.300 euros y que se adjudicó por solo 100 euros. En Vilagarcía de Arousa un postor logró por solo 47.600 euros una vivienda valorada en 168.000 euros. Se sacan a subasta incluso edificios enteros y con posibilidad de adquirirlos a precio de ganga. Es el caso de un inmueble en construcción en Vilanova de Arousa tasado en 821.000 euros que fue comprado por solo 170.200 euros.
Los juzgados de A Coruña y Pontevedra concentran la práctica mayoría de las subastas de bienes embargados que se convocan en la comunidad autónoma. En Pontevedra hubo 128 pujas, pero 52 quedaron desiertas, el 40 por ciento. Otras 76 propiedades valoradas en 20,1 millones de euros encontraron comprador pero el precio de venta se limitó a 4,9 millones de euros, una cuarta parte del valor de salida.
En A Coruña los juzgados sacaron a subasta 232 bienes pero en el 30 por ciento de los casos no hubo pujas. Se colocaron finalmente 161 propiedades por 9,5 millones, menos de la mitad de su valor real de 22,8 millones.
Otras 76 pujas se celebraron por orden de los órganos judiciales lucenses, con un balance de 22 desiertas y 54 adjudicadas. En Ourense de las 13 subastas realizadas este año, solo una encontró comprador.
