El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insinuó ayer que no prevé, al menos de momento, adelantar las elecciones autonómicas previstas en octubre en caso de que se repitan las generales el 26 de junio. Alegó para ello la estabilidad de la que presume frente a la situación estatal. "Lo que más le conviene a Galicia es mantenerla alejada de la inestabilidad política y de los vaivenes que se están produciendo en aquellas instituciones gobernadas por tres, cuatro o más partidos. Esta es la hoja de ruta que manejo", respondió después de la reunión semanal del Consello.

Sin embargo, se cuidó de descartar esa opción por completo ante una pregunta sobre si cerraba la puerta definitivamente a esa potestad que usó en 2012 para citar a los gallegos con las urnas cinco meses antes de lo previsto. "Descarto por completo dar más información de la que acabo de dar", zanjó.

Desde que las conversaciones para formar gobierno han encallado, ha ido ganando fuerza la idea de que se repetirán las generales el 26-J, apenas cuatro meses antes de los comicios gallegos. La oposición en la comunidad trata de acelerar sus ritmos para armarse de candidatos ante un adelanto electoral que consideran muy probable.

Hasta ahora, Feijóo ha esgrimido la estabilidad gallega como un valor, pero usando condicionantes que le permitan no pillarse los dedos en caso de decidir un adelanto bien si se repiten las generales, bien si no tiene lugar el 26-J. "Todos saben lo que he dicho, cuestión distinta es lo que se transcribe", afeó a la prensa para luego reiterar la "estabilidad" gallega como "factor determinante". "A partir de ahí, cada uno interpretará adecuadamente lo que digo", añadió antes de mostrar su desconocimiento sobre si se producirá una nueva cita con las urnas de carácter estatal.

En 2012, poseía también mayoría absoluta y un gobierno estable, pero decidió adelantar los comicios después de que el lehendakari Patxi López hiciese lo propio. En 2009, sucedió al revés con Touriño e Ibarretxe agotando la legislatura y copiando este último la fecha del primero.

Este año Euskadi y Galicia celebran de nuevo elecciones y Feijóo visitó ayer por la noche Vitoria para participar en la celebración del LX aniversario de la fundación del Centro Gallego, donde coincidió con el lehendakari Íñigo Urkullu (PNV). Esta mañana también mantendrá un encuentro institucional con él.

El presidente gallego descartó que el calendario electoral estuviese sobre la mesa. "Sería sorprendente que le dijese al lehendakari cuándo debe convocar las elecciones en Euskadi y este tampoco le va a plantear al presidente de Galicia cuándo deben ser las elecciones", descartó.

El titular autonómico también se refirió a las cuentas de la Consellería de Sanidade, que el año pasado disparó en 420 millones de euros su gasto en medicamentos, personal y material. Vinculó este incremento con la necesidad de "cuadrar cuentas" a final de año y con gastos extra como la financiación de los medicamentos contra la hepatitis C -que costaron 70 millones de los 199 en que se elevó la factura en recetas-, la devolución de la mitad de la paga extra al personal y el aumento de un día de libre disposición. "Una jornada a mayores en enfermería cuesta 3 millones de euros", cifró sobre la necesidad de cubrir esas ausencias.

Sin embargo, el Consello de Contas censuró los presupuestos de 2012 y 2013 por ser "escasamente realistas" y tener que reorganizarlos para cuadrar un gasto corriente deficientemente previsto. En 2014, la factura de Sanidade subió 327 millones; el año pasado, 420.

Durante su comparecencia, Feijóo también defendió que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ofrezca explicaciones en el Congreso "sobre determinados indicios, dudas y nombres que aparecen en papeles de países distintos a España", en alusión a los papeles de Panamá y su participación en empresas opacas durante su época como alcalde.

Por último, anunció que Sanidade estudiará la ampliación de la atención odontológica pública y defendió la suspensión de militancia del PP del alcalde de Granada, imputado por corrupción. "Si hay una investigación e imputación, lo lógico es proceder como procedió el PP: suspender de militancia al alcalde y que este tenga derecho a poder defenderse", declaró, si bien los populares no suspendieron a alcaldes implicados en el caso Orquesta de 2011 tras ser también detenidos.