La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ha anunciado este miércoles que, tras el análisis por parte de los servicios jurídicos autonómicos, la Xunta recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula la prórroga de las concesiones del transporte público.
En concreto, el alto tribunal anuló la resolución que la Consellería de Medio Ambiente, entonces dirigida por Agustín Hernández, aprobó en febrero del año 2010 para la modernización de ese sector, y que supuso la renovación automática por diez años de las concesiones de transporte público por carretera para más de un centenar de empresas.
En respuesta al parlamentario socialista Raúl Fernández, la conselleira ha asegurado que el TS "abre un nuevo escenario" y ha subrayado que la Xunta prepara una nueva ley "dialogada" para garantizar la "seguridad jurídica" del sector, pero también ha concretado que este mismo miércoles ha presentado el incidente de nulidad de las actuaciones, la fórmula de recurso ante el Supremo.
El objetivo, según ha remarcado la conselleira, que en esta misma jornada se ha reunido con el Comité Gallego de Transportes, es "defender la autonomía legislativa" de Galicia --la Xunta esgrime que la resolución de modernización se impulsó tras una ley autonómica aprobada con carácter urgente en noviembre de 2009-- y "los intereses de los gallegos".
Frente a ello, Raúl Fernández ha alertado de que la "contundente y diáfana" sentencia del Supremo anula 129 concesiones de transporte público prorrogadas por la Xunta, lo que supone "graves consecuencias" para el sector y para la movilidad urbana.
"Galicia se habría quedado sin transporte urbano"
En el polo opuesto, la conselleira ha defendido la labor del Ejecutivo de Feijóo y ha recordado que lo que hizo éste fue impulsar una ley de medidas urgentes en 2009 para adaptarse a un reglamento comunitario de 2007 que "ya conocía el bipartito", además de lanzar un plan de modernización del transporte, que contribuyó a "mejorar" el sector, ya que las empresas asumieron "compromisos".
"De no haber actuado con responsabilidad y urgencia, con una ley en seis meses, Galicia se habría quedado sin la mayor parte de su transporte interurbano", ha contrastado Vázquez, quien ha añadido que este paso no pudo ser "desacertado" cuando "otras 12 comunidades" tomaron medidas "similares".
"También comunidades del PSOE y alguna sin pedir el plan de modernización, como Extremadura", ha señalado, antes de añadir que, a diferencia del anterior Gobierno bipartito, el actual Ejecutivo gallego está "para proporcionar soluciones".
