La Xunta empezará a enviar en los próximos días requerimientos a unos 3.000 propietarios e inquilinos de viviendas de promoción pública con deudas pendientes -tanto en las mensualidades de la hipoteca como del alquiler o los recibos de la comunidad o del IBI- para que justifiquen los impagos. Esta medida se enmarca dentro de una campaña de inspección lanzada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), enfocada principalmente a los alquileres sociales pero que también afectará a los adjudicatarios en régimen de compraventa de pisos protegidos, con la que se pretende garantizar la efectiva ocupación de las viviendas y evitar impagos por parte de los usuarios que disponen de ingresos suficientes.
El objetivo de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda es garantizar que los beneficiarios de pisos de promoción sean aquellas personas que realmente lo necesitan. Tras el aumento de los desahucios, debido a la crisis, la Xunta desplegó toda una batería de medidas para evitar que más familias gallegas se quedaran sin su hogar y aplacar así la alarma social generada en torno a esta problemática.
El parque público de viviendas destinadas al alquiler ronda las 3.000 y están dirigidas a aquellas familias con menos recursos,que no tengan unos ingresos superiores a 1,5 veces el Iprem, es decir unos 11.200 euros anuales. Sin embargo, puede haber adjudicatarios que con el paso de los años hayan mejorado su renta y sigan pagando una cuota reducida o que hayan dejado de pagar las mensualidades o las cuotas de la comunidad pese a disponer de recursos. Otra de las picarescas es que no residan en la vivienda o la tengan alquilada a terceros.
Para acabar con estos posibles fraudes, la Xunta pone ahora en marcha una campaña de inspección que actuará en dos ámbitos. Por un lado, los inspectores visitarán los pisos de alquiler de la Xunta para comprobar que estén realmente ocupados por los adjudicatarios. Por otra parte, se empezarán a enviar por carta requerimientos a los usuarios, no solo de alquileres sociales sino también de viviendas en propiedad, para que acrediten las razones de los impagos.
Los primeros en recibir estas comunicaciones serán los ocupantes de pisos protegidos con deudas de las zonas de Santiago, A Coruña, Ferrol y Barbanza. Pero progresivamente se irán remitiendo cartas al resto de afectados. Serán alrededor de 3.000 requerimientos, puesto que no solo se enviarán a los inquilinos que ocupen viviendas públicas sino también a los propietarios de pisos de promoción que tienen contratada su hipoteca con el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
"Se quieren evitar impagos por quien tiene medios suficientes para hacer frente a unas mensualidades reducidas, lo que supone un comportamiento insolidario con la mayor parte de los adjudicatarios que cumplen escrupulosamente sus obligaciones y con los demandantes de vivienda de promoción pública que están en espera", explican desde la Consellería de Infraestruturas.
Si los usuarios de vivienda de promoción que tienen alguna deuda con la Xunta acreditan que no tienen recursos para estar al corriente de sus obligaciones no habrá consecuencias para ellos y se buscará una alternativa para facilitarles que sigan conservando su hogar. Sin embargo, si tienen ingresos suficientes para afrontar lo que deben se les reclamará el pago. Aunque Infraestruturas no concreta las medidas apunta a la apertura de un expediente y a vías de apremio para que abonen las cuotas que tengan pendientes.
El IGVS gastó el pasado año casi seis millones en mantener el parque público de pisos en alquiler
- El parque público de vivienda en alquiler tuvo un coste para la Xunta el pasado año de 5,6 millones de euros. Casi la mitad, unos 2,6 millones de euros, fue para afrontar el pago de cuotas de comunidad, IBI, reparaciones o derramas de obras realizadas por la comunidades. El resto del dinero, unos 3 millones, se corresponden con las bonificaciones aplicadas a los adjudicatarios en el precio del alquiler.El Plan Rehavita 2015-2020 establece que en función de las circunstancias personales y familiares del usuario se establecerán bonificaciones en el precio del alquiler. Una de las novedades que incorporó este programa, que entró en vigor el pasado año, fue que se revisará anualmente el importe de la renta a pagar por el inquilino para adecuarla a las variaciones en sus ingresos. De esta manera, se garantizará que las mensualidades que paguen se ajusten a las posibilidades reales de pago de cada adjudicatario. Si su situación económica empeora pagarán menos, pero si el inquilino gana más dinero se le retirarán las bonificaciones o incluso podrá rescindírsele el contrato de alquiler si supera los ingresos máximos fijados en 1,5 veces el Iprem. En ese caso, se le dará la opción de comprar el piso.El objetivo es que estos inmuebles estén disponibles para los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda. "Se trata de minimizar la falta de pago de la renta, los gastos de comunidad e IBI, así como evitar el mal uso y conservación de la vivienda y adecuar la renta mensual a las variaciones de ingresos del inquilino", explican desde la Consellería de Infraestruturas.
