Problemas burocráticos y la aportación completa de documentación por parte de las fuerzas políticas parlamentarias han retrasado tres meses el estreno en Galicia de una vía de financiación inédita hasta ahora y que permitirá a los cuatro grupos de la Cámara repartirse dos millones de euros al año. Tras resolver la cuestión administrativa, PP, PSdeG, AGE y BNG recibirán ya este mes los primeros pagos con cargo a los fondos de la Xunta para destinar a sus gastos ordinarios.
Esta fórmula imita el sistema que permite a los partidos cobrar dinero público de los presupuestos estatales cada año, constituyendo esta su principal fuente de financiación. El modelo fue adoptado en la ley de financiación de partidos de Galicia, la misma en la que se elevaron también las ayudas electorales un 33% respecto a las cifras de 2012. También se condicionó estas ayudas a no recibir donaciones superiores a 50.000 euros, aunque este aspecto ya fue regulado por la legislación nacional. El corte de esta vía de ingresos fue alegado para justificar la apertura de una nueva fuente de dinero para que las formaciones afrontasen su gastos corrientes, como personal o sedes.
La nueva legislación, aprobada por el PP con la abstención del PSOE, estableció un reparto entre las fuerzas parlamentarias que depende en un 60% de los votos obtenidos en las elecciones autonómicas y un 40% de los escaños logrados. En enero entró en vigor el sistema y las formaciones pactaron repartirse dos millones de euros anuales, después de que la Xunta dejase en sus manos consensuar una cifra, como adelantó este diario. La negociación se postergó en diciembre para que no interfiriese con las elecciones generales.
PP, PSdeG, AGE y BNG comenzarán a ingresar estos fondos este mes, pues esos dos millones se reparten en doce mensualidades. En el recibo de abril se incluirán también las cantidades de enero, febrero y marzo, según confirman fuentes de la Consellería de Facenda.
Los votos y escaños logrados en 2012 establecen que el PP logre mediante esta vía, que se une a las ayudas electorales por escaño y grupo parlamentario, 1.045.072 euros, por 465.490 de los socialistas; 280.568 de AGE -a pesar de sus escisiones al grupo mixto- y 208.870 del Bloque. Las mensualidades son así de 87.089 euros, 38.790, 23.380 y 17.405, respectivamente.
Al ponerse en marcha en año electoral, los partidos solo se repartirán estas cifras hasta la disolución de la Cámara actual. Luego, se establecerá una nueva distribución en función de los resultados. También deberá negociarse otra vez la dotación de esta partida. De repetirse, supondría un reparto de ocho millones en la legislatura.
Esta nueva vía de financiación, que también se aplica en Cataluña y Euskadi, permite a los partidos contar con cierto blindaje para sus gastos, después de que tanto PSdeG como BNG acometiesen numerosos despidos entre sus empleados debido a sus problemas económicos tras sus reveses electorales.
El PP, impulsor de la ley aprobada el año pasado, alegó que también sindicatos y patronal reciben dinero público para sus funcionamiento. El año pasado se repartieron alrededor de dos millones de euros, la mitad que antes de la crisis.
