Combatir la impartición de estudios universitarios "sin contar con la preceptiva autorización" o de titulaciones por instituciones "que carecen" del debido permiso son dos de las principales tareas que llevará a cabo el equipo de inspectores universitarios que pone ahora en funcionamiento la Xunta. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria activa el nuevo cuerpo de inspectores, funcionarios públicos de carrera de los grupos A1 y A2 "previamente habilitado y acreditado para el ejercicio de las funciones de inspección", con el objetivo de detectar titulaciones falsas, que no salgan de las universidades gallegas. En un mes la Xunta dará luz verde al cuerpo, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de Galicia.
"La función inspectora regulada en el presente decreto se articula al margen de la que, según el principio de autonomía universitaria, le corresponde a las universidades", incluye la nueva normativa por la que se regulará el cuerpo de inspección. Según explica Educación, en los últimos años se aprecia en la comunidad "una proliferación de instituciones y centros que tienen cabida en el concepto del Espacio Europeo de Educación Superior". A partir de ahí, el departamento educativo del Gobierno autonómico considera necesario "tener clara la distinción entre aquellas enseñanzas de educación superior de índole universitaria, por ser impartidas por universidades o centros adscritos, respecto de otras que, aún siendo superiores, son impartidas por centros no universitarios".
Educación considera crucial que el alumnado potencial "conozca, con precisión, el tipo de formación que esté cursando en cada momento". Además, pretenden combatir la impartición de estudios sin tener la autorización necesaria.
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Bajo esta normativa la Administración gallega pretende controlar "universidades, centros universitarios, centros adscritos, centros extranjeros o instituciones que desarrollen actividad educativa de carácter universitario en Galicia". Uno de los principales focos para los nuevos inspectores será "la aprobación, adscripción, integración o autorización de centros y titulaciones o de aquellas instituciones o empresas que, sin tener autorización previa por parte de la Administración autonómica, desarrollen actividades de carácter universitario", describe el nuevo texto.
Las instituciones inspeccionadas están obligadas a "facilitar el acceso a las dependencias e instalaciones en que se desarrollen las actividades objeto de la investigación". También deben colaborar si los inspectores piden realizar un examen de documentos, libros o registros directamente relacionados con la vigilancia y la comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de universidades. "Facilitar la obtención de copia o la reproducción de dicha documentación o consentir la realización de las visitas de inspección y dar facilidades para llevar a cabo dicha función sin obstaculizar la labor inspectora", son otras de las obligaciones que figuran en la nueva normativa.
Infracciones
La actuación de inspección se llevará a cabo por iniciativa del departamento responsable de la inspección "en caso de tener conocimientos o indicios de la existencia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa". Pero también puede partir de "denuncias o quejas recibidas de personas o instituciones integrantes o ajenas a la comunidad universitaria, así como consecuencia de los informes remitidos por los departamentos de la Xunta u otras instituciones", describe la norma.
Las instituciones que incumplan la legalidad en expedición de titulaciones o en autorizaciones para ejercer su actividad se enfrentarán a sanciones, recogidas en la Lei 6/2013 do Sistema Universitario de Galicia. Esta normativa fija varios tipos de infracción, desde leves a graves y muy graves. La cuantía que tendrían que abonar las instituciones que incumplan la normativa oscila entre 200 y 3.000 euros en el caso de las leves; entre 3.000 y 30.000 si se da el caso de infracciones graves y las multas para las situaciones que sean consideradas más graves podrán alcanzar los 30.000 euros. El incumplimiento de la normativa universitaria si atiende a motivos fraudulentos o la omisión de certificaciones, así como la utilización de nombres incorrectos para las titulaciones serán tenidos en cuenta.
