El fiscal de la "Patos" solicita a la magistrada que amplíe la instrucción de la causa hasta junio de 2017

-Pide que se cite como nuevos investigados a la jefa territorial de Traballo en Vigo y a dos empresarios - También que se tome declaración a 16 testigos y recabar documentación de Xunta y Concello vigués

05.04.2016 | 01:51
La juez de la "Patos". // M.G.B.

La Operación Patos parece tener todavía un largo camino de indagaciones judiciales por delante. La Fiscalía ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo que declare la "complejidad" de esta causa de presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos debido a la "amplitud" de los hechos que se investigan, la "abundantísima documental" técnica existente y las diligencias pendientes junto a las que "previsiblemente" surjan en el futuro. El fiscal pide concretamente que se establezca un plazo de instrucción "de hasta 18 meses" a contar desde el 6 de diciembre de 2015 -cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce estos plazos- y hasta el 6 de junio de 2017. En el mismo escrito interesa que se cite a declarar a tres nuevos investigados, a 16 testigos y, entre otras diligencias, que se recabe documentación de Xunta y Concello vigués.

La petición de ampliación de la instrucción afecta a una causa que ya suma más de tres años de indagaciones -se abrió en 2013-. El fiscal de Delitos Económicos de Vigo solicita un plazo de hasta 18 meses "ya que resulta previsible la imposibilidad de concluir la instrucción en el plazo básico", que sería de 6 meses a contar desde que se empezó a aplicar la reforma legal, por lo que expiraría este 6 de junio. El Ministerio Público ve imposible acabar la instrucción dentro de dos meses "a la vista de las diligencias ya señaladas aún pendientes, de las que aquí [en referencia al escrito] se interesan y de que previsiblemente puedan derivarse otras con posterioridad". Entre otras razones, también cita la existencia de recursos de apelación "acerca de la propia validez de su tramitación [de la causa]", en referencia a los recursos de varios investigados solicitando la nulidad de las escuchas telefónicas. "Pese a no tener carácter suspensivo influyen sin duda en la rapidez de la tramitación de las diligencias", argumenta.

El fiscal expone esta solicitud en un escrito en el que, dado que están a punto de finalizar las comparecencias de los actuales investigados, interesa nuevas diligencias "a la vista de las actuaciones realizadas y de las declaraciones ya recibidas". Una es la citación de otras tres personas en calidad de investigados, que, de aceptarlo la juez, se unirían al medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios que ya constan en la causa principal y en la pieza de Nigrán. Se trata de María Rita Peón, jefa territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta en Vigo, "respecto de la recolocación laboral" de un funcionario, varios contratos de obra y adjudicaciones de contratos menores "a la vista de que todos los interrogados al respecto le atribuyen capacidad decisoria efectiva y una intervención determinante en esos asuntos". También pide la citación de José González Freire, representante legal de Aldasa, en relación con la adjudicación de la obra del aparcamiento de Navia por el Concello de Vigo a esa entidad al ver el fiscal "indicios del posible carácter fraudulento de esa contratación", y a Alberto Torres, de Ediserpo S.L., por la presunta realización de presupuestos de acompañamiento.

En calidad de testigos, la Fiscalía pide a la juez que se tome declaración a 16 personas, entre las que se encuentran Carmen Bianchi, anterior jefa territorial de Traballo en Vigo; Susana Figueroa, jefa de servicio en Traballo también en la ciudad olívica; Ramón Díaz, otro jefe de servicio de esa consellería; Pablo Montero y Antonio Graña, de la Diputación de Pontevedra, junto a una jefa de servicio de Fiscalízación; María Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña; Gustavo Falque, presidente del club de fútbol Coruxo; José Ramón Costas, secretario xeral de la Autoridad Portuaria; Roberto Larrocha, jefe del departamento de Obras en el mismo organismo; Álvaro Costas, profesor de la Escuela Municipal de Danza del Concello vigués; y varios trabajadores de empresas, entre ellos tres de Eiriña, propiedad de Enrique Alonso Pais, presunto cerebro de la trama descubierta en la Patos.

Y entre otras diligencias, el fiscal demanda recabar de la Jefatura Territorial de Traballo e Benestar de la Xunta en Vigo una serie de documentación, así como del Concello vigués, en este último caso en relación con unos trabajos en el entorno de la iglesia de Zamáns y con el expediente de contratación de las obras de humanización de calle Nicaragua.

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