Nada más acceder al cargo, confesó encontrarse "sola, sin sede, sin medios, sin una cuenta bancaria y sin una estructura". La presidenta del Consejo de Transparencia, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, advierte ahora de que en España falta cultura de transparencia y que aunque los partidos hacen de ella su bandera, lo cierto es que "ni sus cuentas son claras ni su funcionamiento es democrático". Esther Arizmendi reconoce que los pequeños concellos son los que tienen más dificultades para atender la demanda de información de sus ciudadanos por falta de medios. "Es hora de solidarizarse con ellos -dice- y no mirarse el ombligo".

-Resulta llamativo que haya que aprobar una ley de Transparencia cuando se presupone que en todos los ámbitos debe ser una forma de actuar.

-Lo que resulta llamativo es que haya que aprobar una Ley de Transparencia diez legislaturas después de haber empezado a vivir en democracia. Me hubiera gustado que la ley se hubiera aprobado hace 40 años. Todos los países del entorno la tienen y con eso se garantiza la protección de un derecho para los ciudadanos.

-¿España va muy por detrás del resto de países europeos?

- Sí, por ejemplo, Suecia, que es un caso paradigmático, este año cumple 250 años de transparencia. Cuando allí se aprobaba la ley, en España veíamos levantarse la Puerta de Alcalá con Carlos III. Estábamos muy atrasados y aún lo estamos, porque la media de edad de las leyes de transparencia de los países del entorno son 50 años. Tenemos que darnos mucha prisa para ponernos al día. Lo que no podemos es buscar en este retraso excusas para no tener en España mejor transparencia que en el resto de países.

-¿El camino se ha empezado a recorrer al ritmo previsto?

-No vamos mal. Las cosas son complicadas desde el punto de visto de la organización. El problema fundamental de retraso, hoy, está en las entidades locales, sobre todo en las más pequeñas. En España tenemos 8.125 municipios y muchos son muy pequeños y no tienen medios, ni cobertura para ofrecer a los ciudadanos la transparencia efectiva de sus territorios. La transparencia no puede tener núcleos de opacidad ni límites por razón del territorio. Hay que garantizarla.

-¿Qué se hará con esas administraciones que no están preparadas para atender las exigencias de la Ley de Transparencia?

-Será necesario hacer un esfuerzo importante. Lo tendrán que hacer las comunidades y las diputaciones. Lo que no puede ser es que un ciudadano de un pequeño concello pida transparencia y no haya nadie para contestarle. Eso desanima. Al final acaban pensando que es una pantalla y que no hay nada detrás.

-¿Habrá alguna penalización para estos ayuntamientos?

-El plazo de dos años ya ha vencido. A algunos les ha cogido con el pie cambiado porque cuando se da un periodo de tanto tiempo para regularizarse, se deja hasta el último momento. No podemos hablar de penalizar por no haber podido poner en marcha los mecanismos necesarios porque la mayoría de las veces no es por falta de voluntad, sino por falta de recursos, de personas, de formación, de medios electrónicos para poder servir esa información, de procedimientos? Todas estas carencias, más que castigo, merecen ayuda solidaria. Es el momento de no mirarse el ombligo y de trabajar a favor de las administraciones que tienen más dificultades.

-Una de las medidas incluidas en la Ley de Transparencia fue la creación de un portal de Transparencia, del que el Consejo de Transparencia es el guardián. ¿Cuántas solicitudes se han hecho por parte de los ciudadanos?

-En estos momentos son 4.275. No son muchas. Si se compara con países del entorno, como Reino Unido, donde el primer año hubo 45.000, las presentadas aquí son muy pocas. Hay que pensar qué está pasando. Si somos muy optimistas podemos decir que la publicidad activa, más de 1,3 millones de datos disponibles, es suficiente para que la demanda de los ciudadanos se vea satisfecha. Pero como no somos complacientes, pensamos que es más porque falta cultura de transparencia y porque hay dificultades en el acceso al portal. Eso hay que modificarlo y trabajarlo.

-¿Qué comunidades destacan en número de solicitudes?

-Como la ley ha entrado en vigor hace dos meses aún no hay un balance. Tenemos estadísticas de lo que pasa en el Estado; los ministerios que manejan dinero son los más preguntados: Hacienda, Fomento y Medio Ambiente.

-¿Cuáles son las demandas más habituales?

-Al principio eran sobre el dinero en los presupuestos para las retribuciones de los altos cargos. Los primeros momentos eran sobre qué secretario de Estado cobraba más que el presidente. Las preguntas ahora tienen que ver con la parte de información presupuestaria y económica, fundamentalmente con los contratos y la obra pública, las subvenciones, con quién y para qué se contrata, por qué un presupuesto que se hizo para una obra en 17 millones acabó costando 20 millones.

-¿Y solicitudes extrañas o curiosas que hayan recibido?

-Nos han preguntado cuántos presos están en proceso de cambio de sexo en la prisión de Soto del Real de Madrid. Han preguntado también por gastos de representación, cuánta gente va en los séquitos, cuánto se gasta en cócteles y actos oficiales? Pero, en general, lo importante es que va evolucionando hacia lo que tiene que ser la transparencia, que es una petición de rendición de cuentas y una reclamación de participación en la vida pública. Eso es muy importante porque, además, tiene un efecto preventivo de la corrupción.

-En todo ese maremágnum de peticiones de información, ¿dónde está el límite?

-Transparencia no es desnudez. No es que haya que desnudarse ante el ciudadano para que se pueda ejercer una participación y un control. Hay cuestiones que pertenecen a la cocina del Estado y que están en los límites de la ley: la seguridad del Estado, las relaciones internacionales, la garantía de los procesos judiciales, las actividades de inspección? Por ejemplo, nos preguntaron cuántas veces se había violado el espacio aéreo español, por qué países y por qué medios. El dar esta información facilitaría de alguna manera conocer las debilidades de la seguridad del Estado. Esto es un límite, claramente.

-¿Cuál es el grado de transparencia de los partidos y de las administraciones en España?

-No es lo mismo los niveles de transparencia que hay en la Administración que en los partidos políticos. Como no es lo mismo el nivel de corrupción que hay en el ámbito de la política que en el de la Administración. Los partidos tienen todavía muchos deberes que hacer. Hablan mucho de transparencia y hacen de la transparencia su bandera pero ni funcionan siempre de manera democrática ni sus cuentas son claras. El ejemplo fundamental lo tienen que dar los partidos políticos, es ahí donde nace la regeneración democrática y donde hay que actuar de manera decidida. Los partidos no pueden solo hablar, tienen que dar ejemplo. Y el ejemplo aún no lo dan.

-¿Faltan códigos éticos en los partidos?

-También. Con la bandera de que la política se somete al escrutinio de los ciudadanos en las elecciones cada cuatro años, no se comportan ni actúan como quienes están en permanente escrutinio. Pero es que ir cada cuatro años a enjuiciar el trabajo de los políticos, me parece muy poco. Hay que rendir cuentas constantemente. Hay una exigencia de la ciudadanía para que los partidos políticos y nuestros representantes no nos traicionen y tengan una reputación impecable. Y eso todavía no ocurre.

-¿Qué nivel de transparencia tiene Galicia en relación a otras comunidades?

-Todavía no está evaluado, porque es tan reciente la ley? del 18 de enero. Pero sí hemos hablado con la Valedora do Pobo. Es una mujer que ha apostado para que la transparencia en Galicia salga bien sí o sí. Nos ha contado que en la comunidad hay muchos municipios pequeños, y ella también está preocupada por su incorporación plena. Habrá que ser muy solidarios porque Galicia tiene una dispersión territorial importante y ahí se va a sentir el problema del que hemos hablado. Voluntad de hacerlo y de hacerlo bien en la comunidad gallega, existe totalmente. Además, Galicia, no es la primera ley de transparencia que hace. Desde 2006 ya lleva hablando de transparencia. Es un tema que ahí preocupa y ocupa a los gobiernos que ha tenido en los últimos diez años. Ya ha recorrido mucho camino desde 2006 de forma voluntaria. Ese camino, ahora, ampliado y mejorado, es la Ley 12/2016. Con lo cual, y al contrario de lo que ocurre en otros territorios, hay mucho tramo que la comunidad gallega ya tiene andado.