El juzgado de la operación Zeta envía a la Audiencia Nacional parte de la investigación

Se deriva a Madrid la pieza separada sobre Caype porque el fraude en los cursos de formación se desarrolló en varias comunidades - La empresa tenía socios y sedes ficticias

30.03.2016 | 02:09

Las distintas ramas de la operación Zeta tenían el entramado empresarial del coruñés Gerardo Crespo como nexo común y el mismo objetivo: conseguir fondos públicos destinados a cursos de formación y utilizarlos para fines privados. La complejidad del procedimiento judicial, así como su duración, han llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña a separar la investigación relacionada con la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype).

Uno de los juzgados centrales de instrucción se hará cargo del caso, ya que la Audiencia Nacional, según consta en el auto difundido ayer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, es el órgano competente para enjuiciar los presuntos delitos cometidos por el colectivo de autónomos, que operó a nivel estatal. El presidente del organismo, Eliseo Calviño, está considerado por los investigadores como uno de los cabecillas de la trama. La investigación de la operación Zeta surgió a raíz de una denuncia presentada en 2011 por dos empleadas de Caype en la que destapaban el fraude de subvenciones para cursos formativos. Las dos trabajadoras declararon en febrero de 2015 como testigos y corroboraron ante la juez que Calviño recibía "sobres" de Crespo.

La entidad con sede en A Coruña, según sostiene la magistrada instructora, diseñó "un entramado de sedes ficticias que abarcan todo el territorio nacional" y consiguió fondos de distintas administraciones. En concreto, "el engaño" le permitió obtener 3,2 millones del Ministerio de Empleo; 747.000 euros de la Xunta; 35.000 euros de la Conserjería de Empleo del País Vasco; y 16.000 de la Conserjería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo. En total, algo más de cuatro millones de euros.

"Parece claro que lo relativo a Caype tiene unos contornos lo suficientemente definidos como para integrar una unidad de investigación autónoma, tanto en lo relativo a la defraudación estricta como a los delitos conexos, que tienen que ver, fundamentalmente, con falsedad documental y delitos contra la administración pública", recalca la juez, quien concluye que Caype se constituyó como "un mero artificio cuya finalidad última era la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y a la justificación del gasto". La magistrada, además, destaca que las conclusiones de un informe presentado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Administración Tributaria confirman "los numerosos indicios" de que no hay "registro ni documento que acredite la actividad propia de Caype definida en sus estatutos que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general", así como que los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y que los que se contabilizan como donaciones "no se aplican a fin social alguno".

El documento certifica la "nula representatividad" de la confederación dirigida por Calviño y constata "los medios empleados para simular su implantación en todas las comunidades autónomas", tales como la compra de listados de autónomos y la constitución de sedes ficticias "en connivencia con el personal de Azetanet", la consultoría dirigida por Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la operación Zeta. Una vez que Caype obtenía las subvenciones, justificaba de forma fraudulenta los gastos ante las administraciones a través de facturas falsas o del inflado de los costes por parte de empresas de Crespo y del propio Calviño.

El informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Administración Tributaria corrobora la subcontratación "sistemática" de empresas de Crespo cuando las administraciones exigían la presentación de varios presupuestos, así como que Caype "disfrazó" la contratación de personal docente.

Las entidades implicadas en la operación Zeta recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias. Solo de la Xunta, según consta en el sumario, se embolsaron alrededor de 15 millones. Por el momento, en la trama hay 55 imputados, entre los que figuran empresarios, ex altos cargos de la Xunta, dirigentes de asociaciones y sindicalistas.

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