Uno de los mantras que se repiten al diagnosticar los males del monte gallego es su abandono y las dificultades para gestionarlo debido a su minifundismo y a que la mayoría está en manos privadas. La propia Xunta reconoce que la superficie de monte público en Galicia (gestionado por concellos o por el Gobierno gallego) es "baja" y, por eso, el nuevo Plan Forestal plantea incrementar la extensión de bosques en manos de la Administración.
Para conseguirlo, la Xunta explica que comprará montes en determinadas áreas como espacios naturales protegidos por Red Natura, montes declarados protectores o parcelas enclavadas o limítrofes con bosques públicos.
Una de las medidas que está suscitando más polémica en el sector es cambiar el régimen jurídico de los montes mancomunados. Hasta ahora los montes vecinales se regían por el derecho germánico y, por lo tanto, no se podían vender, ni dividir. La Consellería de Medio Rural, sin embargo, cree que los comuneros tienen "poco grado de organización" y quiere que tengan "personalidad jurídica propia", lo que en la práctica supone que podrían vender los terrenos.
La Xunta pretende que incluso se pueda extinguir una comunidad vecinal si el monte se encuentra en grave estado de abandono. Una plataforma integrada por sindicatos, asociaciones ecologistas y comuneros rechaza el texto y advierte de la intención velada del Gobierno gallego de "privatizar el monte". Así, también denuncian la intención de Medio Rural de converter las pistas forestales en vías públicas gestionadas por la Administración.
