En 2008, año del arranque de la crisis, la Xunta ingresó por vender parte de su patrimonio (viviendas, locales comerciales y suelo industrial) 83,8 millones. Siete años después, en 2015, la cifra se ha reducido a solo 4,2. Por el camino, la recaudación por este tipo de actividad se ha desplomado un 95%.

La crisis del ladrillo durante estos años no solo ha afectado a constructoras y particulares, sino también a las administraciones públicas que tenían en la venta de pisos, locales y parcelas empresariales una buena fuente de financiación. Ahora es prácticamente residual. Tanto, que los 4,2 millones que se recaudaron hasta el pasado mes de septiembre es la cifra más baja de la serie histórica, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Cada año, la Xunta realiza una estimación inicial de lo que percibirá por este tipo de venta y siempre los ingresos son mucho menores de lo previsto. Por ejemplo, en 2008 el objetivo de recaudación que se había marcado el Ejecutivo gallego alcanzó el 84%. Una buena cifra si se compara con los últimos cuatro años en los que el nivel de ejecución de las previsiones se situó por debajo del 57% (49% en 2012, 41% en 2013, 56% en 2014 y 44% en 2015). Es decir, en estos años casi no se ha llegado a recaudar la mitad de lo que se había previsto.

Este capítulo de enajenaciones de inversiones reales (así es como aparece reseñado en el apartado de ingresos de la ejecución presupuestaria mensual de las comunidades) se refiere a la venta de pisos de protección oficial, locales comerciales que están en los edificios de estas viviendas de promoción pública y suelo y parcelas de los polígonos industriales.

La Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que es el encargado de poner en el mercado todos los años estos bienes, descarta que esta caída se deba a la burbuja económica.

En el caso de las viviendas de protección, aunque cada vez se construyen menos, el IGVS reconoce que es complicado venderlas porque los bancos no ofrecen hipotecas para la adquisición de pisos protegidos. Además, desde 2007, un año antes de que comenzase la crisis, los pisos que se adjudican a las personas con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) se deben conceder en régimen de alquiler. Esta medida ha provocado que se desplomen los ingresos que la Xunta obtiene por la venta de estas viviendas, ya que la gran mayoría se alquilan.

Debido a la crisis, la compra de locales en esos edificios para, por ejemplo, poner en marcha un negocio también se ha reducido, lo que también ha provocado que el Ejecutivo gallego no encuentre comprador para este tipo de bienes cuando los pone a la venta. El IGVS ya ha advertido de la carga económica que suponen estos locales ya que hay que abonar el IBI a los ayuntamientos.

Y por último está el suelo industrial. Si a causa de la recesión es complicado conseguir hipotecas para comprar casas o tampoco se adquieren locales para montar un negocio, también es difícil desprenderse de las parcelas industriales en las que luego se instalan las empresas. Antes de que llegase la crisis, la Xunta impulsó la puesta en marcha de numerosos polígonos industriales por todo el territorio gallego, que cuando llegó la recesión se quedaron sin vender. En 2013 el Ejecutivo gallego ya puso en marcha un programa que incluía la reducción de precios y el aplazamiento durante siete años del 70% del pago del suelo. Aún así no fue suficiente, porque en 2015 la Xunta volvió a reducir los precios. En Galicia existen dos millones de metros cuadrados de suelo industrial vacíos.