La Xunta cederá pisos de promoción pública que se encuentran vacíos a concellos o entidades sociales para que estos gestionen la puesta a disposición de los mismos a familias en riesgo de exclusión que no superen los 799 euros mensuales de ingresos o bien a colectivos en situación muy grave, caso de mujeres maltratadas, por ejemplo. La cantidad de viviendas movilizadas dependerá de la demanda y la norma que permite esta acción entrará en vigor antes de finalizar el año, por lo que podría coincidir con la celebración de las elecciones autonómicas, previstas tras el verano.
Esta es una de las principales novedades del borrador del decreto que desarrolla la nueva Lei de Vivenda, aprobada en 2012, y permite la creación de la modalidad legal de viviendas de promoción pública de inserción o asistenciales. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda cederá su gestión a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo bien de manera gratuita, bien cobrando un alquiler reducido tanto a concellos como entidades, que luego decidirán si repercuten o no esa tarifa sobre los inquilinos. El decreto también permitirá lanzar la copropiedad en las viviendas públicas, de manera que los dueños solo podrán adquirir el 60% del inmueble y el resto quedará en manos de la Xunta.
Del parque de 3.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, unas 150 se encuentran vacías de manera más o menos estable, según fuentes del citado departamento. Los alquileres sociales actuales oscilan entre los 55 y los 140 euros mensuales, pero el precio de la cesión de la Xunta, en caso de no ser gratuita, será más bajo, según la consellería de Ethel Vázquez.
Esta medida se suma a otras impulsadas por el Ejecutivo en los últimos meses para movilizar el parque de viviendas vacío de la comunidad, después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurase que lo peor de la crisis había quedado atrás.
En febrero aprobó el decreto que obligará a la banca a registrar sus viviendas vacías, tras firmar con varias entidades financieras acuerdos para que estas cediesen pisos destinados a familias desahuciadas a cambio de alquileres reducidos. Además, Infraestruturas también financiará los seguros -uno multirriesgo y otro de garantía de cobro- de los pisos propiedad de los ayuntamientos que estos destinen a alquileres sociales. Aspira a movilizar así alrededor de 600 viviendas.
El documento incorpora también un pequeño aumento del umbral de ingresos que permite a las familias optar a las viviendas de promoción pública, lo que persigue facilitar el acceso a estas y también descargar al IGVS de su stock inmobiliario. Así, el máximo de ingresos pasará de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) a 3, es decir, de un tope de 1.331 euros mensuales a 1.606. También se asimilarán las viviendas de casos históricos y núcleos rurales con el resto de promociones públicas.
Una vez cerrado el texto definitivo en los próximos días, el decreto que desarrolla la Lei de Vivenda pasará por las fases de exposición pública y será sometido al dictamen del Consello Consultivo. Una vez entre en vigor, comenzarán los contactos con concellos y entidades sociales.
