Los inspectores del Ministerio de Empleo obligaron a convertir en fijos los contratos fraudulentos de 15.069 trabajadores temporales desde que la crisis alcanzó Galicia en 2009. Estas infracciones marcaron en 2014, último ejercicio del que dispone datos el Gobierno central, un récord histórico desde que están disponibles estas estadísticas, con 3.305 casos, casi un 7% más que los 3.096 de un ejercicio antes. En ese mismo período, en España se formalizaron 247.428 de este tipo de expedientes, si bien entre los citados ejercicios se produjo un ligero descenso de apenas nueve décimas.
Cuando la economía comenzó a desplomarse, el desempleo inició un crecimiento constante que forzó a muchos empleados a asumir condiciones laborales lesivas de sus derechos. Tanto los 3.305 trabajadores temporales convertidos en fijos por orden de Empleo, como las 7.610 infracciones de menos gravedad detectadas en 2014 -el dato descendió respecto los 7.761 de 2009- poseen una magnitud pequeña respecto al poco más de un millón de ocupados con que Galicia cerró 2014, según la Encuesta de Población Activa, pero las estadísticas evidencian un crecimiento constante en la comunidad desde 2009 de estos fraudes, tan solo con la salvedad de un descenso en 2011. La comparación estatal refleja que Galicia es la tercera autonomía con el mayor incremento de estos contratos fraudulentos, con un 61% de subida, solo superada por el 346% de Baleares y el 83% de Navarra, de acuerdo con Empleo.
En un contexto de crisis, algunas compañías vulneraron la legislación, excediendo los niveles de temporalidad aceptables o saltándose las normas que obligan a convertir a un trabajador en fijo, como no encadenar dos contratos temporales de un mismo empleado que acumule 24 meses en la empresa en un periodo de 30 meses.
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El temor a perder el empleo, con una reforma laboral que además abarató el despido desde 2012, y las dificultades de las empresas para poder contratar más mano de obra, así como el poder ahorrar costes laborales, parecen estar detrás de este comportamiento, pues la tasa de temporalidad mostró cifras más altas en el cierre de 2009, 2010 y 2011 que en 2014, cuando se alcanzó el 24,1%, frente a los 25,7%, 25,1% y 24,3% de los citados ejercicios, respectivamente, según la EPA.
Sí tiene vinculación la sangría laboral registrada en la comunidad, que provocó que pasase de cerrar 2009 con una tasa de paro del 12,8% y 167.600 personas sin empleo a alcanzar el pico del 22% y 284.600 parados en 2013, según el Instituto Nacional de Estadística. Un ejercicio después, la situación comenzó a mejorar al reducirse tres décimas el desempleo y quedar en 275.000 ciudadanos, dato que ahora se encuentra en 243.000.
Durante esa batalla personal por mantener el empleo, las protestas de los empleados menguaron. Así lo atestiguan los propios datos de la Xunta, pues la conflictividad laboral extrajudicial en Galicia descendió un 23% entre 2009 y 2014. Este indicador evidencia el miedo a perder el empleo, pues se trata de los servicios de mediación de la Consellería de Economía e Emprego -hasta octubre, estas competencias dependían de Traballo e Benestar-. Esta negociación, con la administración como árbitro, versa sobre las condiciones laborales, fundamentalmente reclamaciones de dinero por horas extra o pluses o excesivas jornadas. El último paso es el judicial, que normalmente se produce cuando la relación está rota. Los empleados rehusaron dar el primer paso para enfrentarse a sus empresas.
