Prescrito el caso contra Cabezas, investigado 9 años después de dejar la Alcaldía de Ourense

La investigación llevaba abierta año y medio y se cierra tres días después del interrogatorio al exregidor

22.03.2016 | 02:24

Año y medio llevaba abierto el caso que investigaba un supuesto trato de favor a promotores de Ourense, por el hecho de que entre 1999 y 2002 se permitiera desde el Concello el aprovechamiento del 100% de suelo en sus proyectos privados. Tres días después de que el exalcalde Manuel Cabezas acudiera a declarar en calidad de investigado, negando irregularidades, el juez declara la prescripción. El alcalde que más tiempo gobernó Ourense -entre 1995 y 2007, con el PP- se encontraba bajo el foco de un juez por primera vez, nueve años después de abandonar el cargo.

En el auto, el magistrado Leonardo Álvarez extingue la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido el exregidor y dos de sus exediles de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador y Julio Díaz Salcedo, que también fueron imputados. El juez observa ahora que ya habrían prescrito los hechos denunciados, "puesto que en todo caso nos encontraríamos ante un delito de prevaricación", castigado según la ley anterior -la aplicable- con pena de 7 a 10 años de inhabilitación, "y que por lo tanto prescribe a los 10 años".

La denuncia del conocido como caso del 10% fue presentada por la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto (PSOE), en septiembre de 2014, en un contraataque a la sucesión de asuntos judicializados, desde la oposición municipal, por Democracia Ourensana y el PP. Soto acusó a los gobiernos de Cabezas de "regalar" suelo por no haber exigido, en ese periodo, la cesión de al menos el 10% del aprovechamiento correspondiente a cada polígono o unidad de actuación de los promotores.

El auto declara el sobreseimiento del caso, que solo podría reabrir la Audiencia Provincial. La exedil Áurea Soto anunció presentará recurso. Cabezas prefirió no hacer declaraciones tras salir absuelto. En su interrogatorio, el exalcalde usó en su defensa el acuerdo adoptado por un pleno de 1994 -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo-, decidiendo no exigir los aprovechamientos por falta de un plan urbanístico adaptado. La decisión plenaria se adoptó tras el informe en ese sentido del secretario.

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