Las subidas fiscales de los últimos cuatro años, con el descuento ya de la rebaja aplicada en el IRPF desde el pasado 2015, dejaron 20.000 millones de euros más para las arcas públicas. Eso sin contar los incrementos impulsados en la anterior legislatura y los de comunidades y ayuntamientos, todos con la finalidad de compensar la caída de los ingresos de las administraciones durante la doble recesión y combatir el déficit. A la presión fiscal derivada del aumento de los tipos de los impuestos le acompañó además el rastreo de bienes ocultos e incluso los cambios para su valoración. Un golpe directo al bolsillo del contribuyente, precisamente en un momento de empobrecimiento generalizado. Por eso los años de la crisis son también los que acumulan un mayor número de reclamaciones contra los gravámenes. En 2014, según el informe del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, fueron un total de 207.053, con un descenso respecto a 2013 del 0,7%. En Galicia la tendencia es otra. Las quejas siguen disparándose y marcan otro récord, casi medio centenar al día.
El número de recursos presentados en la delegación del organismo en Galicia, el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) -encargado de dirimir los conflictos tributarios, y, aunque está vinculado orgánicamente al Ministerio de Hacienda, su funcionamiento es "independiente"- alcanzó las 15.231. Lo que supone un incremento del 13,1% en comparación con 2013, cuando las quejas sumaron 13.101. No hay precedente de un volumen mayor. El techo estaba hasta ahora en 2012, con 14.467. Antes del pinchazo económico y del refuerzo de la presión fiscal por parte de todas las administraciones se entregaban en la comunidad alrededor de 7.000 reclamaciones, la mitad que en estos momentos.
Casi un tercio están relacionadas con el IRPF, el impuesto más popular, con un millón de declaraciones anuales. Las reclamaciones ascendieron en 2014 a 4.537, un alza del 41%, y se resolvieron 3.381. La mayoría, el 50,5%, acabaron desestimadas.
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A continuación, con los mayores índices de litigiosidad, aparecen dos impuestos gestionados por la Xunta. El de Sucesiones y Donaciones, que supera las 2.500 quejas después de una subida del 17,5%; y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con 2.447, un 15% menos que en 2013. En ambos casos el grado de respaldo al contribuyente es enorme. El TEAR les da la razón en el 83% y el 79%, respectivamente, de los casos. Un año antes el porcentaje rondaba el 75% y la media estatal se mueve en el 65%. La situación no extraña porque ya la Inspección General del Ministerio de Hacienda lleva varios años llamando la atención del Gobierno gallego por los defectos en el cobro de los dos impuestos. Especialmente en la valoración de los bienes a través de la orden de precios medios y sin visita de los peritos a los inmuebles y resto de bienes a los que se repercuten.
Las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con estos mismos reproches son continuas e incluso el Supremo anuló varias valoraciones. El Constitucional acaba de anular la fórmula que empleaba la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) para tasar el capital en empresas y la Xunta también optó por cambiar su baremo para viviendas en suelo urbano en julio del pasado año por la jurisprudencia acumulada.
Los catastrazos disparan un 160% las quejas
- Todas las decisiones tomadas con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) resumen a la perfección la estrategia fiscal de estos años en España. Un alza de tipos obligada por el Ejecutivo central, la posibilidad de una actualización exprés de los valores a los que se aplica y la búsqueda de aquellos que no están declarados. De ahí que, pese al pinchazo del mercado inmobiliario, sus ingresos estén en niveles históricos, con un incremento de la recaudación desde 2007 del 58%.Por el descontento en el cobro de la también conocida como "contribución", en Galicia se presentaron 480 reclamaciones ante el TEAR en 2013. Un año después, el número se disparó un 160%, hasta las 1.251. Entre las resueltas durante ese ejercicio, 771, casi una de cada tres fueron estimadas total o parcialmente. En el conjunto del Estado la admisión ronda el 18%.Con el Impuesto del Patrimonio solo se presentó una queja en 2014. Entre las pendientes se revisaron 13 y únicamente en dos el TEAR falló a favor de los declarantes. Las estimadas alcanzan el 36% en Sociedades, con 541 recursos, un 7,5% menos que en 2013. En IVA fueron 1.310, un 10% más. Y contra actos del propio procedimiento recaudatorio se formalizaron 1.907 tras un alza del 6%.
