La Xunta emplaza a los concellos a identificar las casas inacabadas para forzar su remate

Con la nueva Lei de Solo que ayer entró en vigor, los ayuntamientos están obligados a realizar esta función -Si los propietarios desobedecen, la multa llega a los 25.000 euros

20.03.2016 | 02:51
Fachada sin terminar en el municipio de Silleda. // FdV

La nueva Lei do Solo entró en vigor ayer. Se trata de una norma modificada una docena de veces desde el año 2002 que ahora se intenta convertir en definitiva. Entre sus novedades, una de las de mayor impacto para los ciudadanos será la obligación de rematar las fachadas de las edificaciones bajo la amenaza de multas acumulables que pueden sumar 25.000 euros en quince meses si se desobedecen los requerimientos. La diferencia con el anterior marco legal es que ahora los concellos están obligados a actuar como vigilantes, identificar las casas o edificios inacabados y forzar a sus propietarios a terminar tanto la fachada como el tejado. Y para garantizar el cumplimiento tienen el recurso de las sanciones.

En el pasado, los ayuntamientos no tenían esta exigencia. Podían ejercer esta competencia si la estimaban conveniente, pero lo normal era que se inhibiesen. Pero ahora ya no. De ahí que la Xunta emplace a los alcaldes a comenzar a aplicar la Lei do Solo e identificar todas las construcciones inacabadas para obligar a sus promotores a concluir el remate exterior. Es más, si los recursos económicos se agotan antes de terminar la obra, primero se debe completar es la parte exterior de la edificación antes de pasar a la interior.

En el caso de que el propietario de una construcción sin acabar no atienda el requerimiento del concello para finalizar la obra, el ayuntamiento procederá a su ejecución forzosa con la imposición de los gastos. Pero antes de llegar a este extremo están las sanciones, que empiezan por los 1.000 euros, que irán duplicándose en cuantía cada trimestre hasta acumular los 25.000 euros si el dueño persiste en desobedecer el mandato municipal: 1.000 euros la primera, otros 2.000 la segunda, 4.000 la tercera, 8.000 la cuarta y 10.000 la quinta.

"Infringir la ley no puede salir gratis y se refuerza la obligación de terminar exteriormente las construcciones, poniendo fin al deterioro del paisaje", sostiene la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que no obstante confía en que la situación se vaya regularizando sin necesidad de recurrir al régimen de multas.

La nueva ley también permitirá regularizar miles de viviendas y naves aisladas -se calcula que al menos hay unas 2.000 casas- que están fuera de ordenación porque se levantaron antes de que el concello tuviera aprobado un plan urbanístico. Eso sí, ninguna de ella podrá estar sometida a un expediente de reposición de legalidad.

Para favorecer la recuperación de los núcleos rurales, la reforma y rehabilitación de las casas construidas antes de 1975 tendrán más ventajas ahora, dado que podrán aumentar en un 50% su volumen, cuando antes el límite estaba en el 10%. Además, estas modificaciones estarán exentas de cumplir determinadas exigencias que rigen para las de nueva planta, como no disponer de la superficie mínima.

Con ello se pretende, según la Xunta, mantener en buen estado de conservación las edificaciones, evitar las de nueva planta dentro de los núcleos rurales y favorecer el asentamiento de población, ya que ahora sí resultará más rentable, pudiendo aumentar el volumen en un 50%, acometer las obras de reforma.

Pese a que el Gobierno gallego considera que la Lei do Solo nace con vocación de permanencia, se aprobó en el Parlamento sin consenso, lo mismo que las anteriores. Además, los grupos de la oposición ya avanzaron que si llegan a la Xunta, volverán a cambiar el marco legal.

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