El Tribunal Supremo anula 129 concesiones de transporte público prorrogadas por la Xunta

La sentencia sostiene que la ampliación de los contratos es contraria a la normativa de la UE

18.03.2016 | 14:40
Autobuses en cola para acceder a la estación de Cangas. // Carmen Giménez

La Xunta ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Supremo ha anulado la prórroga masiva -por un periodo de diez años- de las concesiones al transporte de viajeros por carretera que la Administración autonómica había otorgado en 2010 con el objeto de dar estabilidad económica al sector a cambio de que las empresas afrontaran un plan de modernización de la flota de autobuses. En una sentencia dada a conocer ayer, el Supremo considera que la decisión de la Xunta va en contra de las directrices de la Unión Europea que fijan que la duración de los contratos de servicio público, en este de caso de autobuses, no pueden superar los diez años. La salida más probable que le queda al Gobierno gallego es la de adelantar la licitación de las concesiones del transporte interurbano, que en su mayoría expiran el 31 de diciembre de 2020. Esta medida afectará a los 129 contratos (el 89% de las concesiones) que han quedado invalidados con la sentencia.

La tramitación de la prórroga se inició con una ley aprobada a finales de 2009 por el Parlamento gallego. En ella se articuló un mecanismo para ampliar las concesiones, de forma automática, a las empresas de transporte de viajeros por carretera por un periodo mínimo de una década, diez años que se sumaban, sin obrar licitación nueva por el medio, a los años anteriores de contrato. La aplicación efectiva de la ley se produjo en febrero de 2010 mediante una resolución de la entonces consellería de Medio Ambiente.

El problema es que el 1 de enero de ese año entró en vigor una nueva directiva europea que limitaba a un máximo de diez años las concesiones de este tipo y además abría la puerta a que empresas comunitarias se pudieran presentar al concurso. Pero la Xunta siguió igual con su medida con el argumento de que ampliando las concesiones se daba a las empresas gallegas del sector la estabilidad económica suficiente para afrontar con garantías un proceso de renovación de una flota de autobuses que por entonces se estaba quedando anticuada. La iniciativa benefició directamente a 129 contratos de los 145 existentes (el 89%), que vieron como, sin necesidad de acudir a nuevos concursos, mantuvieron las líneas que ya explotaban en régimen de concesión.

Esta forma de proceder no fue exclusiva de Galicia, sino también de otras doce comunidades, a las que los tribunales están quitando al razón. En el caso de la comunidad gallega, fue la entonces Comisión Nacional de la Competencia la que dio el aviso a la Xunta, advirtiéndole a mediados del año 2010 de que incurría en una "suerte de fraude de ley", pero la Administración autonómica siguió adelante.

Competencia recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para intentar invalidar la ley y la resolución consiguiente, pero el TSXG le dio la razón a la Xunta. Disconforme con este pronunciamiento, Competencia acudió entonces al Tribunal Supremo, que acaba de declarar en sentencia nula la prórroga masiva de las concesiones.

El Supremo argumenta que si bien la ley gallega se aprobó en 2009 -dato que utilizó la Xunta para intentar quedar al margen de la normativa europea-, la prórroga de los contratos se hizo efectiva por una resolución del 26 de febrero de 2010, por lo que para entonces ya estaba limitada la duración de los contratos del transporte.

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