El Consello de Contas amplía su actividad fiscalizadora sobre las cuentas municipales a los concellos con menos de 20.000 habitantes, tras aceptar el PP una propuesta socialista para modificar el plan de trabajo de este órgano. En la actualidad, ya revisa los reparos de los interventores municipales de las ciudades y las diputaciones, tarea que ahora también se realizará en los municipios del citado tamaño.
Esta es una de las novedades de las nuevas tareas encomendadas a Contas, que en la actualidad ya tiene sobre la mesa el análisis de 995 reparos de los servicios de intervención de las ciudades y las diputaciones correspondientes a 2014. De ellos, 356 corresponden a la Diputación de A Coruña y otros 281 al concello de Pontevedra. Le siguen en la clasificación las 164 de Ourense, las 67 de A Coruña, las 62 de Santiago, las 47 de Ferrol y las 16 de Lugo. En Vigo y las diputaciones de Lugo y Pontevedra no existen recibieron advertencias de ilegalidad en sus gestiones contables. En el caso de la institución provincial ourensana la cifra ascendió a dos.
En total, los populares apoyaron otras seis recomendaciones más de la oposición para modificar el plan anual de trabajo de Contas para este año, que se suman a las seis presentadas por el grupo con mayoría absoluta en la Cámara.
Entre las nuevas tareas se incluye elaborar "un informe de fiscalización específico sobre los fondos europeos invertidos en el aeródromo de Rozas", donde la Xunta pretende impulsar un polo empresarial vinculado a los drones.
Entre esas propuestas se incluye la comprobación de los "mecanismos de verificación" de la lucha contra la corrupción, la fiscalización de gastos social y en servicios públicos de las entidades locales de más de 75.000 habitantes o la elaboración de un informe "los criterios de solvencia" en los contratos de la Xunta. También se reclama a Contas que "procure una coordinación de medidas para facilitar la rendición telemática de la cuenta general".
No logró consenso, sin embargo, la fiscalización del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El PP estaba dispuesto a incluir el centro en el seguimiento habitual de la financiación público-privada, pero la oposición quería que opinase sobre el tipo de gestión y titular de la propiedad, el cumplimiento de las cláusulas establecidas en la concesión, el incremento de costes respecto de lo inicialmente estimado y la carga que representará el sistema concesional", entre otros aspectos.
