El suyo es ya de por sí el eslabón menos rentable en la cadena del sistema eléctrico. La distribución de la luz en el rural. Zonas dispersas, muy complicadas habitualmente por las condiciones del terreno, que necesitan inversiones cuantiosas para levantar tendidos sin que el número de consumidores a los que hay que abastecer compense de la misma forma que los núcleos de población con muchos hogares e industrias y donde la demanda energética es elevada. Una evidente ventaja porque hasta hace poco estas empresas podían también suministrar electricidad directamente. La diferencia entre el coste al que compraban a los grandes productores y la venta luego a sus clientes era uno de los parámetros que se tenían en cuenta para calcular la retribución que les correspondía por su servicio a cargo de la recaudación con el recibo de la luz. Eso cambió en 2013 por la decisión del Ministerio de Industria de pagar en función del valor real de las infraestructuras, lo que para el sector en Galicia supondría un balón de oxígeno de 8 millones de euros al año. La modificación, sin embargo, estuvo dos años paralizada y su entrada en vigor ahora viene de la mano de un recorte inesperado que el sector en la comunidad decidió llevar al Supremo. Y el alto tribunal acaba de admitir a trámite el recurso.
"Nosotros estamos donde en su momento no quisieron ir las grandes compañías", recuerda Alfonso Fernández Garrido, presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia (Apyde). En ella se integran una treintena de empresas que no superan los 100.000 clientes conectados, pero que suponen el 95% de las distribuidoras en la región, con presencia en más de 80 pequeños concellos. Una de las firmas de la organización tiene 160 kilómetros de líneas para atender a solo 1.600 vecinos de una población. El margen es "muy pequeño", asegura, en comparación con cualquier otra que solo necesite un par de kilómetros para alimentar una gran industria de gran gasto en electricidad. "El ejemplo es claro -añade Fernández- para entender nuestras condiciones". De ahí la insistencia con la que reclamaron los cambios.
Una vez que el Ministerio de Industria apostó por darle la vuelta al baremo para acabar con el déficit tarifario, y por tanto reconocer el sobrecoste de llevar la luz a emplazamientos rurales, el primer varapalo vino del periodo transitorio establecido para aplicar el nuevo método. Todo ese ejercicio de 2013. Y 2014. Y 2015. A pesar de que el primer aviso de la reforma del cálculo se remonta a 2009, cuando las distribuidoras dejaron de compatibilizar su papel con el suministro de electricidad.
A mediados de diciembre del pasado 2015, el Ministerio de Industria publicó la orden que desarrolla los criterios para estimar la retribución a la actividad. Uno de los requisitos necesarios para que efectivamente se pudiera poner en marcha el modelo actualizado. Entre ellos, el llamado "coeficiente de eficiencia". La norma establece un ratio medio de kilómetros de tendido por punto de suministro -la dimensión que Industria considera normal para llevar la electricidad a las casas y empresas dentro de cada mercado-, pero con un techo al incremento posible en una empresa que supere esa media. Todo un jarro de agua fría para las expectativas de las pequeñas distribuidoras gallegas, que habían previsto un extra de 8 millones de euros anuales con los datos que manejaba el propio ministerio, frente al menor desajuste que, por lo tanto, sufrirán las grandes distribuidoras que dan servicio a las localidades más pobladas y con mejores accesos.
"El coeficiente funciona como un tornillo para impedir los aumentos en algunas empresas como las nuestras", critica el máximo responsable de Apyde, que se pregunta cómo el colectivo puede afrontar así la petición de un punto de suministro "para una granja en el medio de un monte". ¿Cómo les afectará el coeficiente? ¿Cuánta rebaja traerá bajo el brazo ante ese máximo impuesto en el incremento de la retribución? Lo desconocen. La cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizaba ayer el informe con los pagos individualizados y se hará público en los próximos días.
Por si esto no fuera un quebradero de cabeza importante, la CNMC no utilizará el inventario de instalaciones de las empresas, georeferenciadas -con datos concretos de posicionamiento y coordenadas- y auditadas. La revisión para saber qué infraestructuras tiene cada una se hará con datos de sus cuentas. Apyde subraya que en el sector no existe un plan contable uniforme que permita unificar los análisis y que la medida favorece de nuevo a las empresas de mayor tamaño porque la amortización de sus activos es más larga.
La decisión del Tribunal Supremo de aceptar el recurso contencioso-administrativo contra la orden que incluye el polémico "coeficiente de eficiencia" representa un paso más en la lucha judicial que la asociación tiene contra el perjuicio a sus intereses. "No hay forma de hacérselo entender", reprocha Fernández Garrido al Ministerio de Industria.
Por primera vez en la historia del sistema eléctrico, a estas alturas de 2016 los distribuidores todavía desconocer cuál será su retribución. Algo que normalmente se les trasladaba el 1 de enero de cada año. Eso choca de lleno con la obligación de presentar al principio de cada ejercicio su plan de inversiones para mantener el buen estado del servicio. "A nosotros se nos exigen los mismos índices de calidad que al resto", asegura. Son algo más de 12 millones de euros que están en juego. Hace 15 días que presentaron el programa ante la Xunta, pero con la advertencia de que los trabajos dependerán de lo que finalmente reciben. Apyde asegura que el Gobierno gallego les apoya. Que siempre "se ofrecen" a ayudar en la interlocución con Industria. "Pero el ministerio -sostiene Fernández- no escucha a nadie".
