Las dependencias municipales del Concello de A Coruña volvieron ayer a ser objeto de investigación por parte de la policía judicial, esta vez a raíz de dos contratos firmado por el anterior Gobierno local del Partido Popular. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron por la mañana las oficinas de la Casas de Paredes -sede de la Concejalía de Cultura- y el Palacio de María Pita con el objetivo de acceder a los expedientes de dos contratos de los años 2011 y 2012 para aclarar un posible delito de tráfico de influencias relacionado con las bibliotecas municipales.
El primero de ellos tiene que ver con la adjudicación del suministro y gestión de material bibliográfico para la biblioteca del centro Ágora, que cayó en manos de la empresa Xestión Bibliotecaria e Documental. El servicio había sido licitado en los meses finales del Gobierno de coalición entre PSOE y BNG, aunque la adjudicación fue finalmente asumida por el Ejecutivo del PP de Carlos Negreira, habiéndose abierto las ofertas económicas de las empresas concursantes el 14 de julio de 2011. El segundo contrato se refiere a los servicios bibliotecarios complementarios para el Sistema Municipal de Bibliotecas de A Coruña, adjudicado por un importe de 2,32 millones de euros a la empresa Eulen.
Los registros comenzaron en torno a las 11.00 horas en el Palacio Municipal de María Pita, de donde se marcharon 45 minutos más tarde. En la Casa Paredes los agentes se personaron al filo de las 11.50 horas, acabando sus pesquisas en torno a las 12.15 horas.
El registro de los agentes de la policía judicial procede de unas diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña. El querellante es Celso Elías Figueroa Suárez, administrador único de la empresa LTM Servicios Bibliotecarios, una de las firmas que había concurrido a ambos concursos. En concreto, había recurrido la contratación de Eulen como adjudicataria de los servicios de bibliotecas complementarias. Sin embargo, a mediados del mes pasado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña descartó "arbitrariedad" en la contratación de Eulen y rechazó los argumentos esgrimidos por LTM.
El PP coruñés se apoyó ayer en esa sentencia del Contencioso y recordó que ambos procedimientos que ahora investiga la justicia tuvieron un carácter "abierto", emplearon todos los informes técnicos necesarios y se desarrollaron bajo la supervisión del interventor municipal. Los conservadores, que aseguran desconocer el contenido de la actual denuncia, llamaron a la tranquilidad y mostraron "toda la colaboración" para aclarar "lo que haya que aclarar".
El BNG, por su parte, sostiene que "se benefició a una empresa multinacional, empresa de la que era y sigue siendo responsable en Galicia la hermana del señor Feijóo".
Ésta no es la primera vez que se recaba documentación en el Ayuntamiento de A Coruña por la adjudicación de contratos. Con anterioridad, se hizo en relación a la investigación de la juez Pilar de Lara en el marco de la operación Pokemon, que investiga una supuesta trama relacionada con contratos públicos adjudicados a la empresa Vendex y sus filiales. En esa causa fueron imputadas varios empleados de la Concejalía de Cultura, entre ellos una asesora de esta área durante la etapa de gobierno popular; la jefa de Servicio y la exdirectora de los Museo Científicos Coruñeses, entre otros.
