La central sindical CIG calificó ayer de "manipulación malintencionada" la manera en que han sido incluidos en el portal de internet de Transparencia del Gobierno de la Xunta los datos relativos a los costes económicos que originan los liberados sindicales, cuyos sueldos suponen para las arcas públicas unos 10,6 millones de euros según la Administración. La CIG argumenta que la Xunta transmite "una idea errónea de que la actividad sindical supone un coste extra para la Administración, cuando es algo", afirman, "rotundamente falso".

En esa línea explican que "ningún" delegado sindical cobra en la Administración gallega por ejercer funciones sindicales, sino que el salario que percibe cada uno "es el que les corresponde por su trabajo como empleados públicos". "No existe incremento de gasto alguno", proclaman. Por ello, sostienen que "en aras de una transparencia real y efectiva, la Administración gallega, a la que exigen "el máximo rigor y seriedad", tiene la obligación legal de dar una información clara, concisa y real". "De lo contrario", advierten, "lo que está haciendo es contribuir a la criminalización de la actividad sindical".

La CIG explica que en febrero de 2013 la Administración firmó un acuerdo de derechos sindicales con las organizaciones y que para un ámbito de "casi 90.000" empleados públicos, las dos partes acordaron un total de 150 dispensas sindicales asociadas a los titulares de mesas de negociación en todos los ámbitos: Administración general, Sergas, enseñanza y justicia. La ratio, afirman, sería de un liberado por cada 600 empleados públicos y en total, aseguran, "hay 150 liberados y 692 delegados sindicales con horas, tal y como marca la ley de libertad sindical y el estatuto de los trabajadores".

El coste de este personal sería "cero", sostienen, porque estén "en funciones sindicales o no", la Xunta debe abonar su salario. El "único" coste, matizan, "sería la sustitución de personas liberadas, pero eso", subrayan, "no se hace". El coste de la sustitución de estos 150 liberados institucionales y 692 delegados sindicales "la Xunta no lo quiere reflejar", critican, aunque la CIG estima que "no es ni la décima parte de lo que aparece reflejado".