La Fiscalía de Ponteareas se ha opuesto ante el Juzgado número 2 de esta localidad a que sean declaradas nulas las escuchas telefónicas al empresario Enrique Alonso Páis, dueño de Eiriña, y del que parten las investigaciones del Caso Patos.
El proceso para declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas por parte la Unidad de delincuencia Economica y Fiscal -UDEF de la Policía se sigue de forma paralela en los Juzgados de Vigo y de Ponteareas, donde se abrió una pieza separada del caso. Ya la Fiscalía de Vigo se había opuesto a la nulidad de las mismas escuchas en el proceso de la pieza principal, que se sigue en los juzgados viguesas, como informó Faro.
En Ponteareas el incidente de nulidad de las grabaciones, presentado por el ex alcalde, Salvador Gozález Solla, y su ex teniente de alcalde, Belén Villar -y al que se adhirieron otros investigados- se encuentra en proceso muy avanzado estando muy próxima la resolución.
Fuentes jurídicas indicaron que la ausencia del auto que autorizaba la intervención teléfono del empresario, motiva esta petición de nulidad, pero la fiscalía de Ponteareas, al igual que había hecho la de Vigo, sostiene que el auto existe.
Villar no declara
Mientras tanto, la ex teniente de alcalde se acogió a su derecho a no declarar, a la espera de que se resuelva esta petición, al entender que de las escuchas parten todas las acusaciones posteriores."No tengo ningún inconveniente en declarar ahora o más adelante, pero en un principio mi abogado considera que no es el momento de declarar y vamos a esperar", explicó a la salida del juzgado.
La edil añadió que "todo lo que hice en el Concello ha sido por el bien de Ponteareas y de los vecinos, y además todas las actuaciones se han respaldado siempre con informes favorables de los técnicos municipales".
Si prestó declaración en sede judicial la secretaria accidental, Pilar F. A., que respondió a las preguntas sobre el contrato de la Planta Potabilizadora de Agua.
Durante el interrogatorio, la funcionaria indicó que el informe sobre la ampliación del contrato a esta empresa lo hizo "según criterios objetivos" y negó cualquier tipo de instrucción o presión a este respecto. La secretaria solo intervino en la concesión de la Potabilizara a Aquagest, ampliando el contrato que ya poseía esta empresa para la gestión del agua de Ponteareas. El razonamiento de la concesión fue que la empresa ya gestionaba la potabilizadora anterior, de menos escala a través de la que se cloraba el agua, y la nueva instalación es una mejora y parte más de la red que tenía adjudicada Aquagest.
