La Xunta revisará a partir de marzo antes de contratar nuevos profesores, pediatras, enfermeros y personal del servicio de menores si estos han sido condenados por algún delito sexual relacionado con este colectivo de edad, trata de blancas o exhibicionismo. Desde ese mes, comenzará a funcionar el registro de delincuentes sexuales del Gobierno central y las consellerías de Sanidade, Política Social y Educación solicitarán permiso a cada nuevo empleado para que les permitan consultar si se encuentran en la citada base de datos como condición para incluir en su relación de personal. Si no lo autorizan, deberán presentar un registro de penales que demuestre la limpieza de su expediente. En el caso de los dos primeros departamentos, la exigencia afectará a todo su personal. En el caso de Educación, de momento solo a los nuevos.
La exigencia de información sobre el pasado penal comenzará a aplicarse en Galicia siete meses después de entrar en vigor la obligación legal para todos los trabajadores que tengan relación con menores de edad, vigente desde agosto. La legislación establecía un plazo de seis meses para configurar el registro de delincuentes sexuales, pero durante ese tiempo imponía un mecanismo transitorio hasta que entrase en funcionamiento, consistente en que los trabajadores presentasen un certificado de penales -que no distingue entre tipos de delitos, sino que incluye todas las faltas y, por lo tanto, las no relacionadas con los delitos sexuales-. Pero ningún departamento de la Xunta lo ha exigido todavía, a pesar de estar obligados.
A partir de marzo sí exigirá cumplir el precepto legal de hacer la comprobación oportuna para evitar que entren en los colegios personas que hayan cometido delitos "contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos", según establece la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
La Consellería de Sanidad asegura a este diario que trabaja para "cumplir la ley", dando a entender que solicitará el permiso a la parte de sus 25.583 empleados que tienen relación con menores para consultar si están presentes en el citado de registro de delincuentes, así como a futuro personal. Más tajante resulta Política Social, que tiene un departamento específico de menores. "Para dar cumplimiento a la nueva normativa, [la consellería] pedirá a todo el personal que trabaja en relación con menores, bien sea personal directo de la administración autonómica, o indirecto (centros o servicios concertados) el certificado negativo del registro de delincuentes sexuales o autorización para consultar esos datos", explican. En el último caso, pedirán a las empresas responsables de los servicios una declaración responsable de que su personal cumple las exigencias legales. En caso de incumplirlo, apartarán al personal afectado.
Por su parte, Educación confirma que este requisito se aplicará a las personas que vayan a ser contratadas a partir de ahora para sustituciones y a los opositores que logren plaza en las pruebas previstas en verano. No aclara, sin embargo, si después también serán sometidos al análisis los 30.000 trabajadores que posee en nómina.
