El Ministerio de Hacienda no solo peina los ayuntamientos gallegos en busca de nuevas construcciones o ampliaciones de viviendas que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La revisión puesta en marcha en Galicia por parte de la Dirección General del Catastro en septiembre de 2013 obliga además al pago de la contribución rústica por granjas, establos, naves, galpones o invernaderos que hasta ahora estaban exentos, ya que solo tributaban las fincas. Los sindicatos calculan que habrá en torno a un millón de propiedades afectadas y estiman que se multiplicarán por 10 los ingresos que obtienen los concellos por el IBI rústico. Esto significa que pasarán de recaudar algo más de diez millones al año a unos cien millones.
La revisión catastral iniciada en 2013 ha culminado ya en 165 concellos gallegos -54 en A Coruña, 42 en Lugo, 39 en Ourense y 30 en Pontevedra- pero la mitad de los municipios tienen todavía de margen hasta este año y algunos incluso el próximo -si se prorroga el plazo- para acogerse al plan de regularización extraordinaria 2013-2016 puesto en marcha por Hacienda.
Desde Unións Agrarias (UUAA) cuantifican que este proceso, al que definen como "catastrazo", permitirá que afloren casi un millón de instalaciones agrarias ocultas si se tiene en cuenta -señalan- que en Galicia existen más de 30.000 núcleos de población y en cada uno hay de media una treintena de naves o galpones.
Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: desde la más baja del 0,3% del valor de la propiedad a la más alta de un 0,9%. Los concellos que tuvieron que acogerse al rescate de Hacienda y están sometidos a un plan de ajuste de tres años o a un plan de estabilización financiera de un año no tendrán margen para rebajar la cuota y deberán aplicar la máxima, al igual que las Administraciones locales endeudadas o que recurrieron a fondos del Estado en los planes anteriores.
Desde la organización agraria alertan de que la revisión catastral multiplicaría por 10 los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica. El sindicato pone como ejemplo el caso de un establo valorado en 100.000 euros que hasta ahora no pagaba nada por esta instalación. Con la regularización su propietario pasaría a pagar unos 900 euros al año si se aplicase la tasa máxima y 300 con la mínima. Si se tienen en cuenta los atrasos de los últimos cuatro años, que también se podrán reclamar, la cuantía podría ascender a los 1.000 euros.
El responsable de Desenvolvemento Rural de UUAA, Jacobo Feijóo, exige a los ayuntamientos que fijen esta última para aminorar el impacto sobre las explotaciones de leche y carne que sufren su crisis más grave de los últimos años. Con este fin proponen además que los concellos apliquen bonificaciones de hasta el 90% que permite la ley para explotaciones en activo -más de 78.000 en Galicia- destinadas a generar beneficios y empleo en el rural. En el ejemplo anterior, con la tasa del 0,3% y una subvención del 90% el dueño del establo pagaría 30 euros al año.
El presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, explica que será cada ayuntamiento el que decida que tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas explotaciones o industrias agroganaderas que así lo requieran. "Si una granja tiene una crisis tremenda habrá que estudiar el caso y ver las posibles bonificaciones", explica el también alcalde de O Barco.
La revisión catastral tendría un impacto colateral, según UUAA, a la hora de acceder a becas de estudios. Denuncian que los hijos de agricultores y ganaderos tendrán más dificultades para demandar estas ayudas porque el "catastrazo" creará un patrimonio ficticio que impedirá a algunos de los solicitantes cumplir uno de los umbrales patrimoniales que fija el Ministerio de Educación. La norma recoge que las sumas de los valores catastrales de las fincas rústicas de la familia dividido entre el número de miembros no puede superar los 13.130 euros por cada uno.
