La petición de nulidad de las escuchas telefónicas y archivo de la causa formulada por las defensas del presunto cerebro de la Operación Patos, el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, y del que fue su número dos en la empresa, Jaime Alvariñas Villanueva, ya ha sido secundada por otros investigados en este megacaso que instruye el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. Los abogados de al menos seis de estos investigados, entre los que se encuentran los concejales vigueses David Regades y Ángel Rivas, se han adherido a esa solicitud. En la misma se demanda la "nulidad radical" de la intervención telefónica del terminal móvil de Pais, y con ella de los posteriores pinchazos y demás diligencias de esta causa, basándose en que "no consta en las actuaciones" el auto judicial "que acuerda, ampara y motiva" la intervención del teléfono móvil de Pais. Los pinchazos a este dispositivo son claves, ya que fueron los que dieron origen a las indagaciones que permitieron descubrir esta presunta trama de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Tras el escrito presentado por Pais, la juez, en una providencia con fecha del pasado 1 de febrero, dio traslado del mismo a Fiscalía y demás partes personadas para formular alegaciones. El plazo legal para ello era de cinco días, que ya se habrían agotado. Mientras algunos investigados desistieron de adherirse a la petición de Pais de que se archive la causa -entre los que se decantaron por esta opción hay algún político-, al menos otros seis de ellos, según las fuentes consultadas, sí formularon alegaciones.
En esa providencia notificada a las partes, el juzgado adjuntaba una copia del auto que se alega que no está en el expediente. Lo hizo concretando que el referido documento se sacó "de la aplicación informática Minerva (el sistema con el que trabajan los juzgados) bajo la fe de la letrada de la Administración de Justicia".
Y tras recibir esta copia del controvertido auto de las escuchas, las defensas de Pais y Alvariñas han presentado un nuevo escrito mostrando su "disconformidad" con la unión a autos del mismo, al alegar que adolece de las "garantías necesarias" para subsanar su falta en el procedimiento, más tratándose de una diligencia tan "determinante" como lo son las intervenciones telefónicas. Tal resolución, estiman los abogados, "no cumple" los "requisitos legales" y la llegan a calificar de "simple borrador".
Entre otras cuestiones, la representación legal del presunto cerebro de la trama cuestiona el número de diligencias y el de identificación general (NIG) que encabezan el auto que se les acaba de notificar. Alegan que tales cifras eran "inexistentes" a la fecha en la que se había dictado la "supuesta" resolución sobre las escuchas a Enrique Alonso Pais -30 de enero de 2013-: afirman que esa numeración corresponde al procedimiento propio de la Patos incoado, dicen, varios meses después, en julio de ese mismo año. Los abogados se apoyan en que los primero pinchazos al dueño de Eiriña se ordenaron en el marco de otro procedimiento.
