Tras dos años de tramitación, el Parlamento gallego aprobó ayer la Lei do Solo que sustituye a la de 2002. Las negociaciones arrancaron con el propósito de alcanzar una reforma de consenso, pero finalmente el texto fue aprobado con los únicos votos a favor del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, que calificó la nueva ley de "obsoleta" e "ineficiente". Los partidos de la oposición ya advierten de que la normativa será derogada si se produce un cambio de gobierno en la Xunta tras las autonómicas después del verano.
La ley se ha aprobado sin la modificación del artículo 144, que ni se llegó a votar, ya que AGE y el Grupo Mixto mantuvieron su negativa a introducir este cambio. El PP pretendía una modificación para acometer proyectos urbanísticos claves en Vigo, tras la sentencia que tumba el PXOM. El PSdeG anunció que se sumaría, si se llegaba a votar, mientras que el BNG indicó que se abstendría para no entorpecer una solución. Para salvar el escollo creado por AGE, la ley volverá al pleno para ser modificada en este punto. Esta modificación permitirá desarrollar proyectos en Vigo, tras la anulación de su plan de ordenación, pero también en otros municipios en caso de que sus planeamientos se vean afectados.
En cuanto al conjunto de ley, el portavoz del PP en el debate, Jaime Castiñeira, defendió que su grupo y la Xunta ponen los intereses de los gallegos por encima de los partidistas, una cuestión que en su opinión no hacen los grupos de la oposición. Además, cuestionó que los grupos de la oposición vayan a modificar o derogar la ley "si es que llegan a gobernar, que ya es mucho imaginar" y auguró que les valdría porque "mejora el urbanismo de Galicia" respecto a la ley de 2002.
La nueva Lei do Solo pretende agilizar la tramitación de los planeamientos y regulariza las viviendas y naves industriales que existía con anterioridad a la aprobación de los planes urbanísticos. El texto apuesta por el suelo rústico como espacio productivo y suprime en esta ley las categorías de protección agropecuaria y forestal, dejando en manos de los concellos la facultad de autorizar edificaciones en este espacio.
El portavoz del PSdeG en el debate, Xosé Sánchez Bugallo, afirmó que la ley aprobada ayer "es una versión recortada, devaluada y empobrecida de la ley en vigor" y auguró que "no dará más estabilidad, ni conseguirá que los municipios de Galicia tengan PXOM ni protegerá el suelo rústico ni nada de nada". "La bajada de exigencias tiene como único objetivo legalizar determinadas actuaciones de los últimos años y una vez cumplido este objetivo doy por hecho que modificarán de nuevo la ley", clamó.
La viceportavoz del BNG, Ana Pontón, incidió en que la ley aprobada hoy "en solitario" por el PP es "una versión empeorada de la legislación actual", porque es "menos clara, más arbitraria y desprotege el territorio". Pontón consideró que incide en los problemas causados por la liberalización del suelo en los años 90 y en la destrucción del territorio, en el encarecimiento de la vivienda para las rentas bajas y será un "desastre" desde el punto vista "económico, ambiental y social".
También el viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, cargó contra lo que considera la consolidación de un modelo "inspirado en la desregulación, obsoleto, ineficiente, insostenible y fracasado" y que no da respuesta a las más de 300.000 viviendas vacías, al aumento de precio, al deterioro de patrimonio construido, al endeudamiento masivo, a la reducción superficie agraria útil o a la "desprotección" forestal.
