Dueños de casas ilegales acusan a la Xunta de "cebarse" con ellos con multas abusivas

El Ejecutivo da carpetazo a las moratorias de derribo reclamadas por propietarios de viviendas construidas en suelo rústico en concellos sin PXOM

09.02.2016 | 01:27

La piqueta les amenaza desde hace años. No son villas ni grandes caseríos, sino casas unifamiliares levantadas en suelo rústico en ayuntamientos que todavía hoy carecen de plan de ordenación municipal. Los más de 2.000 dueños de estas viviendas construidas en Galicia hace décadas reclaman desde que comenzó a tramitarse la Lei do Solo, que hoy irá al Parlamento para su aprobación definitiva, una moratoria de derribo en los concellos sin planes urbanísticos. Tras el carpetazo dado por la Xunta a su petición, los propietarios afectados acusan al Ejecutivo gallego de "cebarse" con ellos, rechazando emular fórmulas de otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía que ha aprobado una ley de regularización para edificaciones en suelo no urbanizable, o incluso del Gobierno central, que con la reforma de Ley de Costas ha indultado miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años.

"Nos sentimos marginados por la indiferencia de la Xunta ante nuestra situación", denuncia un afectado, quien recuerda que "son casas construidas hace décadas con los ahorros de muchos años de trabajo" las que están bajo amenaza de derribo. No tiran la toalla y esperan que el Ejecutivo autonómico actúe para evitar que unas 2.000 "familias humildes" se queden sin hogar.

El colectivo también denuncia las "abusivas" multas que les impone la Administración gallega: desde 1.000 euros hasta alcanzar los 8.000. "¿Por qué no se reduce la cuantía de estas sanciones cuando la Xunta anunció una batería de rebajas, que si el IRPF, los impuestos de sucesiones y de donaciones, mejoras para el naval, el lácteo?", se pregunta un propietario bajo la lupa de las piquetas de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependientes de la Consellería de Medio Ambiente.

Aseguran sentirse "marginados" y "desprotegidos" por el Gobierno gallego y le reprochan que no haya aprovechado la reforma de la Lei do Solo para regularizar su situación, permitiendo que esas viviendas levantadas hace décadas en ausencia de un plan de urbanismo y que todavía hoy está en trámite o fase de redacción sean legalizadas con la aprobación de sus PXOM.

Por el contrario, advierten los afectados, la Xunta sí buscará soluciones para desbloquear planes generales de urbanismo, como sería el caso de Vigo, que ha quedado anulado por sentencia judicial. "¿Por qué arreglan esta situación salvando los proyectos clave de la ciudad y sin embargo no dan una solución a los propietarios de viviendas en suelo rústico?", se pregunta un propietario.

Ya antes de que se comenzase a tramitar la reforma de la Lei do Solo, los dueños de estas viviendas ilegales habían reclamado a la Xunta moratorias de derribo en los concellos sin planes urbanísticos. Pero entonces ya la Consellería de Medio Ambiente rechazó tal concesión y limitó el único aplazamiento al recogido en la Lei de Vivenda, que afectaba a construcciones con licencia "anulada".

El departamento autonómico justificaba entonces como "evidente y justa" esa moratoria, ya que no se trataba de propietarios que construyeron sin licencia o autorización autonómica, sino ante ciudadanos que al amparo de una licencia municipal ejecutaron las obras que las permitían.

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