El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años de prisión al narcotraficante Marcial Dorado por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y ha abierto una vía para un nuevo proceso contra él por revelación de secretos, por el que la fiscalía solicitaba otros dos años más de cárcel. Además, la primera decisión conlleva el mayor embargo económico a un narco de la historia, con una multa de 21,4 millones de euros al acusado, que ya cumple una pena de diez años, como jefe de una red que blanqueaba dinero procedente del tráfico de drogas mediante una red empresarial con cuentas en paraísos fiscales.
La sanción supondrá la incautación de dinero de cuentas bancarias y parte del patrimonio del condenado, entre el que destaca un chalé en A Illa valorado en más de un millón de euros.
El fallo del Supremo corrige una sentencia de febrero de la Audiencia Nacional, que ya imponía una pena de seis años para Dorado, de 64 años, por blanqueo, pero lo absolvía por un delito de revelación de secretos, cargo que ahora se revisará.
También anula la absolución -y podrían enfrentarse a una condena por este delito- del exguardia civil José Manuel Sánchez Zabala, empleado de Dorado tras abandonar la Benemérita, y del funcionario de aduanas Eugenio Fontenla Vázquez. El motivo de las pesquisas parte de datos de Aduanas y la Agencia Tributaria entregados por este último al primero y que fueron hallados en casa de Dorado. Además, el Supremo confirma otra pena de dos años a Sánchez.
Dorado, detenido en Vilagarcía en 2003 y condenado en 2009 a 10 años por intentar introducir en España ocho toneladas de cocaína y a otros dos años y cinco meses en 2005 por cohecho, creó un entramado de sociedades que realizaban "autopréstamos" entre sí para dar apariencia de legalidad al dinero procedente de esa actividad. El Supremo reconoce las "notabilísima dificultad" para desenredar ese sistema.
Todo comenzó en 2004, cuando la fiscalía suiza inició una investigación contra Dorado por blanqueo después de las denuncias de los bancos UBS SA y Ferrier Lullin a raíz de la publicación de noticias sobre las investigaciones por narcotráfico contra el empresario, que comenzó su trayectoria en el mundo del contrabando de tabaco y cuyo nombre regresó a las portadas tras la publicación en 2013 de unas fotos pertenecientes a los años 90 en las que aparecía compartiendo vacaciones con varias personas, entre ellas el hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Las pesquisas saltaron de Dorado a Vicenzo Liparulo, que gestionaba sus cuentas en Suiza, cuyas autoridades dejaron en manos de España la investigación en 2011. La red empresarial movió entre sí mediante autopréstamos 17 millones de francos suizos. De ellos, 7,2 lo hicieron a través de la sociedad Programallo SA.
Según la Audiencia Nacional, entre 1991 y 2002, Dorado abrió 16 cuentas en Suiza en seis bancos diferentes y siete de ellas se activaron a nombre de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales constituidas para la "ocultación" de su patrimonio.
El objetivo de los movimientos bancarios era "legalizar" el dinero procedente del narcotráfico, según el fallo, y constituir "una gran organización empresarial" que le permitiese mantener esos fondos ocultos. Una vez lavado, Dorado, titular de nueve de las citadas firmas, destinó gran parte del dinero a la compra de bienes.
El fallo del Supremo, sin embargo, resulta positivo para otros condenados por sus vínculos con las actividades de Dorado. De hecho, anula las condenas y absuelve a los gestores de sociedades Eduardo Nacho y José Miguel Trías Rovira, al tiempo que rebaja de tres años y dos meses de cárcel a un año y seis meses las penas a María Dorado Fariña, hija del narcotraficante; Otilia Ramos Dios, compañera de este; al abogado Félix Pancorbo Negueruela; y al intermediario Ángel María Ríos Pérez.
