La Xunta descarga en el Banco de España la culpa por las prejubilaciones en las cajas

El BNG acusa a Feijóo de "inhibirse" en competencias y Facenda niega que las tuviera

05.02.2016 | 01:50
El director xeral de Política Financieira, ayer, en la Comisión de Economía del Parlamento. // Xoán Álvarez

La Xunta se aferró al Estatuto de Autonomía para plantarle cara a la guerra que libró con el anterior Ejecutivo central durante la reestructuración financiera. Primero, con la comparación que el presidente Alberto Núñez Feijóo trazó entre el recurso del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero ante el Constitucional por la reforma exprés de la ley gallega de cajas -con la que se intentaba forzar la fusión- y el intento de UCD en 1979 de rebajar las competencias de la comunidad en el popularmente llamado "Estatuto del aldraxe". Después, con el sinfín de advertencias que tanto el jefe del gobierno gallego, como la conselleira de Facenda de entonces, hoy secretaria de Estado de Presupuestos en funciones, Marta Fernández Currás, y el resto de altos cargos lanzaron sobre las funciones que la norma institucional básica de Galicia le atribuía sobre las entidades de ahorro. "Competencias exclusivas", aseguraba Núñez Feijóo el 18 de marzo de 2010, en una de las muchísimas ocasiones en las que enfatizó el poder de la administración regional y en el que insistió cuando públicamente anunció su disposición de vetar cualquier alternativa a una unión de Caixanova y Caixa Galicia. En San Caetano, sin embargo, matizan ahora, seis años después, las atribuciones de la comunidad. "Solo sobre los órganos de gobierno", señaló ayer David Cabañó, el nuevo director xeral de Política Financieira, durante su comparencia en el Parlamento para responder a las preguntas del BNG sobre la valoración de la Xunta a la condena de cuatro de los antiguos directivos por las prejubilaciones. Cabañó descargó toda la responsabilidad sobre el Banco de España, del que dijo que "era conocedor de los hechos", como los acusados defendieron para negar la supuesta ocultación.

"El presidente de la Xunta se lavó las manos como Pilatos", acusó Francisco Jorquera, portavoz del grupo nacionalista, muy crítico porque la sentencia contra los ex altos cargos -que está recurrida- "no es ejemplarizante" y "ni siquiera conlleva penas de prisión para los culpables de saquear las cajas". Jorquera quería saber a qué se refería Feijóo "cuando aseguró que el fallo estaba en consonancia con lo que pensaba la Xunta" y recordó "el deber de tutela en gobierno corporativo" que recaía en la autonomía, además de que contaba con un representante en la comisión de Control y la capacidad para impugnar acuerdos.

Pero el Bloque va más allá y responsabiliza a Feijóo del margen de maniobra que los directivos pudieron tener para preparar su salida por "el tiempo extra" concedido tras la fusión. Los tres años del periodo de transición que PP y PSdeG pactaron. "Eso es clave -dijo Jorquera- para entender los hechos juzgados".

La Xunta "como no podía ser de otra forma, respeta absolutamente las decisiones judiciales". Cabañó negó que el Ejecutivo regional estuviera al tanto de los contratos de las cúpulas de las entidades, pese a que varios de los directivos aseguraron lo contrario, al igual que no pocos miembros de los consejos de administración, como así lo manifestaron en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. "La Xunta no tenía posibilidad de conocer los contratos y se enteró cuando transcendieron los pagos", rechazó de nuevo.

En aquel momento, subraya el director xeral, la administración autonómica los calificó "de reprochables éticamente y contrarios a la normativa vigente". "Por eso el propio presidente Feijóo remitió una carta al Banco de España para advertirlo expresamente y solicitar que se paralizaran los pagos", justificó, de mano de la misma relación de normativas españolas y europeas que el fallo de la Audiencia Nacional recoge como obligado cumplimiento. Incluidas varias que ni siquiera estaban en vigor a la fecha de la salida de los altos cargos. "El Banco de España era conocedor de los hechos porque tenía la competencia exclusiva como quedó acreditado en la sentencia", excusó.

El Bloque está "totalmente de acuerdo" con la Xunta en que la actuación del supervisor es "absolutamente criticable". "Pero la Xunta también tenía competencias y se inhibió. Lo único que hace es pasarle la pelota al Banco de España", arremete Francisco Jorquera, que cuestionó otra vez las posibilidades de haber actuado antes a través de la comisión de Control y las facultades de bloquear acuerdos.

"Insisto en que la Xunta no tenía la capacidad de mirar los contratos ni de poner y quitar cargos", respondió David Cabañó. "En la sentencia -añade- no se hace ni una sola referencia a la competencia de la Xunta". Porque, apunta una vez más, "no la tenía". Aunque durante mucho tiempo en el Gobierno gallego se habló siempre de competencias "exclusivas", el número dos de la Consellería de Facenda las rebaja ahora únicamente a "los órganos de gobierno" y se agarra a que la alta dirección "no es órgano de gobierno".

Contra el exgobernador

Por segunda vez, Cabañó apuntó que el supervisor "era conocedor de estos hechos y estaba facultado para controlar las políticas de retribución". Y aprovechó entonces para disparar directamente al exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "Tan dispuesto que está a salir en los medios de comunicación -afirmó, en referencia a la entrevista publicada por FARO esta semana con motivo de la publicación de un libro y en la que Mafo vuelve a señalar la responsabilidad de la Xunta-, habría que preguntarle con en esa memoria selectiva que tiene por qué no actuó con la diligencia debida y reclamó las cantidades".

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