El abandono de las fincas en el rural es uno de los condicionantes que más pesan en la proliferación de incendios forestales y un importante factor de riesgo si están próximas a casas o núcleos urbanos. Y así lo ha machacado la Xunta, desde el bipartito al actual gobierno popular, hasta el punto de que anunciaron sanciones a los propietarios que no cuidasen ni limpiasen sus terrenos y así lo plasmaron en tres leyes distintas. La primera de ellas fue la Lei de Prevención de Incendios de abril de 2007. Sin embargo, la dificultad para identificar a los propietarios y la falta de medios suficientes, sumado a la decisión del Gobierno gallego de dar un periodo de gracia a los infractores, retrasó las multas. No fue hasta el año pasado cuando se impusieron las primeras sanciones: únicamente 16 en toda Galicia y todas en la provincia de Ourense. La Consellería de Medio Rural anuncia, en todo caso, que a partir de este año intensificarán los controles.
Estas primeras multas se impusieron al amparo de la Lei de Prevención de Incendios de 2007. Posteriormente, sin embargo, la Xunta incluyó también sanciones por abandono de fincas en la Lei de Mobilidade de Terras del año 2011 y en la Lei de Estructura Agraria aprobada el pasado año.
Con este paquete legislativo se intentó promover que los dueños tanto de parcelas como de montes tuvieran limpias y cuidadas sus propiedades bajo amenaza de multa que podría ascender hasta los 3.000 euros en los casos más graves.
Se puso especial énfasis en mantener desbrozados los perímetros (en un entorno de 50 metros) alrededor de casas o núcleos poblados e incluso se prohibió la plantación de determinadas especies arbóreas especialmente combustibles a una distancia de 30 metros alrededor de las viviendas. En lo relativo a las franjas de seguridad, la Policía autonómica llegó a cuadriplicar las denuncias por incumplimiento de la normativa -más de 1.300 el pasado año 2014- y en otros casos casos el propietario simplemente recibía un apercibimiento para que limpiara o, de lo contrario, se le abriría expediente sancionador.
En todo caso, los incumplimientos en la franja de seguridad pueden ser por abandono de fincas o por no cumplir la norma que prohíbe plantar determinadas especies.
Y solo en lo relativo a terrenos abandonados, las multas se limitaron a 16 hasta la fecha. La Consellería de Medio Rural explica que empezaron a sancionar el pasado año, ocho años después de haberse aprobado la primera ley que regulaba la posibilidad de multar a los propietarios de estas parcelas. La penalización impuesta es además de escasa cuantía, de entre 100 a 300 euros.
Desde la consellería argumentan la "complejidad" de esta tarea fundamentalmente por la dificultad para localizar o identificar al propietario de los terrenos. Y cuando lo consiguen, según explican, es tras un largo proceso, lo que ralentiza los expedientes.
Así, recuerdan que la Xunta también investiga en cada incendio si las fincas afectadas estaban abandonadas para en ese caso abrir expediente al propietario y multarlo. Pero añaden que también, en este caso, la tramitación es "lenta".
El Gobierno gallego tiene en marcha precisamente la realización de un detallado trabajo de cartografía, con el que tratará de poner nombre al dueño de cada una de las fincas y casas susceptibles de desbroces.
Con las multas al abandono de fincas la Xunta no solo pretende obligar a los propietarios a tenerlas limpias sino también fomentar que, en caso de no poder hacerse cargo de ellas, las cediesen al Banco de Terras. Así lo recoge la Lei de Estructura Agraria que se aprobó el pasado año.
Por un lado, actuará sobre los terrenos abandonados que han sido objeto de concentraciones parcelarias. La Xunta identificará a los dueños y les exhortará a cultivarlas, arrendarlas o cederlas al Banco de Terras -cuya gestión depende de la Administración autonómica-. Pero serán los dueños lo que libremente decidan qué hacer. Eso sí, si no atienden los sucesivos requerimientos, la Xunta acabará imponiendo las multas.
Pero también será de aplicación para fincas abandonadas individuales en suelo rústico que no han sido objeto de concentraciones parcelarias. Aunque para ello deben cumplir alguno de estos requisitos: que estén próximas a urbanizaciones o núcleos urbanos, que su abandono sea evidente, que supongan un riesgo grave de incendio, que ya lo hayan sufrido o que exista demanda de tierra por las explotaciones colindantes.
