El Tribunal Supremo estimó los primeros ocho recursos contenciosos-administrativos presentados por transportistas para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por el "cobro indebido" del llamado céntimo sanitario, impuesto que estuvo en vigor en Galicia desde 2004 hasta diciembre de 2012 y que fue tumbado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2014. Tras este fallo de la UE el Ministerio de Hacienda se vio obligado a empezar a devolver al sector las cantidades cobradas por este tributo, pero solo desde 2010 pues consideraba prescritos los años anteriores. Las empresas de transporte insistieron en querer cobrar también el dinero abonado con anterioridad a esa fecha y recurrieron a la justicia para que, al menos, el Gobierno los indemnizara por los daños causados por cobrarles un impuesto que fue declarado ilegal. Ahora el Supremo acepta las primeras ocho demandas, lo que marca el camino a las otras 4.000 pendientes. El sector estima que esto podría suponer el pago en Galicia de "al menos 100 millones de euros" a los profesionales.

Aunque fue el Gobierno quien creó en 2002 la figura del céntimo sanitario, cada comunidad era libre para implantarlo o no. En Galicia empezó a aplicarse en enero de 2004 hasta diciembre de 2012 cuando fue sustituido por un recargo autonómico en la tasa general que grava los combustibles precisamente ante las advertencias de ilegalidad que ya existían sobre este tributo por parte de la Unión Europea. De hecho, en febrero de 2014 llegó la sentencia de la UE declarándolo ilegal. El alto tribunal alegaba que al tratarse de un impuesto que persigue una finalidad específica debería dedicarse su recaudación a la protección de la salud y del medioambiente y no a los gastos sanitarios en general. En España se ingresaron 13.000 millones de euros mientras estuvo vigente.

La sentencia de la UE que tumbó este impuesto abrió la vía para que los transportistas reclamaran la devolución de lo cobrado indebidamente, pero solo entre 2010 y 2012. Hacienda está tramitando todavía el reintegro de estas cantidades pero desde el sector advierten que todavía no se ha terminado y aún quedan cuantías pendientes de pago.

Las estimaciones de los transportistas es que el Estado debe reembolsar por lo cobrado en ese periodo entre 2010 y 2012 un total de 2.000 millones de los 13.000 recaudados en total en España.

Y ahora los transportistas consiguen ganar otra batalla legal al Gobierno. El Supremo estima que hay una responsabilidad patrimonial del Estado por haber cobrado indebidamente durante años este impuesto ilegal al sector del transporte y esto implica que las empresas podrán ser indemnizadas. Pero tendrá que ser el Gobierno quien desembolse estas compensaciones, puesto que el céntimo sanitario era un impuesto estatal y, por lo tanto, no afecta a la Xunta, tal y como recuerdan desde la Consellería de Facenda.

El secretario general de la Federación de Transporte de Viajeros, Carlos García Cumplido, calcula que estas indemnizaciones tendrán que ser el equivalente a lo que se cobró por este tributo durante todos los años que estuvo en vigor. "La mayoría de las empresas de transporte en Galicia han presentado recurso", aclara. Al estimarse los ocho primeros, lo previsible es que también se vayan aceptando los demás, aunque Cumplido aclara que la tramitación es "complicada" y tendrán que "acreditar que han sufrido algún tipo de perjuicio por el pago del céntimo sanitario".

Para canalizar las reclamaciones, el Supremo creó una sección específica que cuenta con una secretaria judicial y seis funcionarios dedicados en exclusiva a este asunto.

El coordinador xeral de Fegatrans-Apetamcor, Alberto Vila, pone cifras a lo que tendrá que devolverles el Gobierno a mayores: "al menos cien millones de euros". A modo de ejemplo, explica que solo en su asociación, que agrupa a unas 250 empresas, se han presentado reclamaciones de 15.000 euros de media cada una.

En Galicia hay sobre unas 7.000 empresas de transporte y existen alrededor de 20.000 camiones, sin contar los autobuses.

Las principales asociaciones de transporte consideran esta última sentencia del Supremo "un triunfo del Estado de Derecho" que pone "punto y final" a una situación que consideran "injusta".