Vuelco al fallo judicial sobre la mayor catástrofe ambiental

Álvaro García-Ortiz: "Será complejo fijar lo que debe asumir la póliza del petrolero"

"El grueso de los pagos será para las administraciones que adelantaron las indemnizaciones a los afectados"

27.01.2016 | 09:09
El fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García-Ortiz. // Xoán Àvarez

La larga travesía judicial del Prestige concluye. Pero el camino que ahora se abre, el de fijar las compensaciones, se presenta "complejo", según advierte el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia que llevó el caso en el juicio en A Coruña. "Es difícil fijar un plazo para que la Audiencia de A Coruña determine las compensaciones", reconoce Álvaro García-Ortiz, al tiempo que celebra que el Supremo haya dado un vuelco a la sentencia absolutoria y condena al capitán del petrolero por un delito medioambiental y declare responsables civiles a la propietaria y a la aseguradora. Las indemnizaciones del Prestige que ahora tendrá que evaluar la Audiencia de A Coruña son un mar. Hay perjudicados que han cobrado a través de los decretos de indemnización del Estado y se sienten satisfechos, otros que cobraron una parte a través del Fidac, algunos que no han sido reconocidos como ellos entienden y otros que están en la causa como puros perjudicados. Y después están las administraciones -el Estado, la Xunta y el Estado francés, los municipios y perjudicados galos-. El grueso de las compensaciones que ahora tendrá que fijar la Audiencia de A Coruña serán para las administraciones que ya adelantaron a los afectados las indemnizaciones por la marea negra.

-Trece años después de la marea negra del Prestige, el proceso finaliza con la resolución del Supremo. ¿Es la mejor de las sentencias que se podría haber logrado?

-Es una sentencia que va en la línea de lo dicho por la Fiscalía. El Supremo entiende que hay delito. Nosotros decíamos que intencionado. La resolución es condenatoria y cambia el fallo emitido por la Audiencia de A Coruña. Y lo hace en dos sentidos. Primero porque condena al capitán por delito contra el medio ambiente, que era la tesis de la Fiscalía, en este caso imprudencia. Y segundo, respecto de la desobediencia lo integra dentro del delito medioambiental y el conjunto de actuaciones se integra en un solo hecho. Tanto los hechos calificables del delito como los sujetos procesales responden a la tesis de la Fiscalía.

-Ahora será la Audiencia de A Coruña la que tendrá que fijar las compensaciones. ¿Cuánto habrá que esperar a que se dicten las indemnizaciones?

-La Audiencia de A Coruña tendrá que empezar a ver las indemnizaciones. El Supremo destaca cómo se paga la responsabilidad civil y desgrana las cantidades máximas a las que pueden hacer frente el capitán, la propietaria y la aseguradora. Pero el camino para fijar esas compensaciones va a ser largo. Es difícil fijar un plazo. La ejecución va a ser compleja ya que primero hay que determinar si hay solvencia. El único sujeto solvente es la aseguradora, que tiene una póliza suscrita de mil millones de dólares. Después están los 197 millones repartidos ya por el Fidac y los 22 millones consignados en el juzgado de Corcubión. La cifra final es lo que tendrá que dictaminar la Audiencia de A Coruña.

-¿La mayor parte de esas compensaciones que deberá afrontar la propietaria y la aseguradora del buque serán para las administraciones?

-Básicamente el grueso de esas indemnizaciones serán para las administraciones. Aunque también hay perjudicados privados que reclaman cantidades importantes.

-La póliza de la aseguradora se queda muy lejos de los casi 4.400 millones de euros en los que la Fiscalía cuantificó los daños del Prestige?

-Agotar la póliza es viable. La sentencia condena a la compañía aseguradora porque es lo más viable, posible y razonable. Pero por los daños directos y colaterales, no hay manera de indemnizar los daños del Prestige ni de ninguna otra catástrofe medioambiental. Nunca.

-Hubo que esperar 13 años a que el Prestige finalizase su travesía judicial.

-Es demasiado tiempo. Un sistema procesal que permite que un caso se demore trece años y que todavía no haya juzgados especializados es un mal remedio para catástrofes de esta naturaleza.

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