Cinco años después de plantear su reforma y varios parones temporales y otros tantos reinicios de la tramitación, la Xunta ha frenado definitivamente la actualización de la ley del Dereito Civil de Galicia. Se va a dejar tal como está debido a recursos constitucionales aún sin resolver que afectan a cambios previstos, a que el Gobierno gallego, tras consultar con los agentes implicados, considera que la sociedad gallega aún no está madura para asumir ciertos cambios y a que se entiende que algunas de las modificaciones previstas eran competencia del Estado. El cambio más significativo que queda cancelado es el que pretendía establecer por norma general que todos los enlaces matrimoniales que se celebren en Galicia incorporasen de forma automática el régimen de separación de bienes.
Actualmente, salvo que los contrayentes manifiesten lo contrario de forma expresa, todas las bodas se formalizan con el sistema de bienes gananciales, donde los ingresos y el patrimonio acumulado desde el enlace se comparten a medias. Y la idea de la Xunta era darle la vuelta a la situación e implantar en la comunidad el modelo de separación de bienes, de forma que esta modalidad fuera la genérica salvo mención en contra y expresa de los protagonistas de los enlaces matrimoniales. Este régimen ya funciona en Cataluña o Valencia
Como argumento en favor de este cambio, el Gobierno gallego exponía que el 50% de los matrimonios no dura más de 10 o 15 años, a lo que siguen otros seis o siete de pleitos por la separación, generando sobrecarga del sistema judicial y elevados costes a los propios afectados. Además, en caso divorcio, la resolución sería mucho más sencilla pues no habría reparto que hacer.
Sin embargo, esta reforma no ha llegado a cuajar, encontrando ya objeciones durante las negociaciones en la Comisión de Dereito Civil de Galicia, donde una parte de los representantes de los registradores y los notarios mostraron su disconformidad. En vista de que no había consenso para introducir los cambios, la Xunta ha decidido frenar definitivamente esta reforma.
"Después de una jornada organizada hace poco más de un año por el Colegio Notarial de Galicia se considera que el sistema de régimen de separación consolidado en la zona mediterránea no era trasladable en este momento a Galicia por su idiosincrasia social y económica", explica la Consellería de Presidencia, departamento al que corresponde promover la actualización del Dereito Civil. Por lo tanto, el régimen de bienes gananciales como fórmula por defecto incluida en todas las bodas seguirá estando vigente.
La separación de bienes es la modalidad que eligen uno de cada tres matrimonios en la comunidad, incrementándose un 17% desde el año 2009. La razón de este notable incremento es precisamente la convicción que tienen los contrayentes de que el enlace no durará toda la vida y que resulta mejor evitar problemas en el futuro en el caso de separación. Es la evidencia de una cambio cultural, pero que al parecer aún resulta insuficiente aún para justificar la modificación que pretendía la Xunta.
Otra reforma prevista en el Dereito Civil que quedará aparcada es la que rige el reparto de las sucesiones. "El planteamiento de la Comisión fue el de hacer una lectura positiva de los cambios introducidos en la ley de 2006 y que habría que dejar transcurrir más tiempo para valorar algún posible cambio", explica la Consellería de Presidencia.
De la misma forma queda pendiente para el futuro una actualización de la disposición del Dereito Civil que regula la unión de las parejas de hecho, recurrida ante el Constitucional por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al entender que en la elaboración de la normativa "se ha excedido en la competencia que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le confieren" al legislador gallego para desarrollar el derecho civil propio de la comunidad. Mientras no haya sentencia, la Xunta no moverá ficha en esta materia.
La regulación autonómica de la custodia compartida también se quedó por el camino
- El Gobierno gallego también quería, a través del Dereito Civil de Galicia, regular la custodia compartida de los hijos en caso de separación, dando más peso a esta fórmula frente al otorgamiento de la tutela a uno de los padres. Pero esta reforma tampoco saldrá adelante.En este caso, la razón es que la Xunta y los expertos de la Comisión de Dereito Civil entienden que la competencia es exclusiva del Estado y que debe ser el Gobierno central quien introduzca los cambios a través del Código Civil.El ejecutivo autonómico echó el freno a esta modificación dadas las pocas posibilidades de éxito que tenía emprender una reforma de este calado que entraba en colisión con la legislación estatal.La custodia compartida está recogida actualmente como una fórmula excepcional que para su concesión, si no hay acuerdo entre los padres, necesita la petición de una de las partes y un informe vinculante del fiscal. No obstante, comunidades como Valencia, Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco sí se han atrevido a regular sobre la materia.El Gobierno de Mariano Rajoy también tenía previsto regular sobre ella, pero no se aprobó la reforma. El aspecto más destacado era que eliminaba la excepcionalidad con la que hasta ahora se regulaba la custodia compartida y era el juez quien, en cada caso concreto, y siempre actuando en beneficio del interés superior del menor, determinaba qué régimen era el más adecuado.
