La seguridad de las infraestructuras hidráulicas en Galicia

La Xunta refuerza el control de las presas por la falta de análisis de riesgo en la mitad

Hay 24 embalses de la comunidad todavía sin clasificar, como marca la normativa desde hace dos décadas -Otros 14 ya revisados no tienen los obligados planes de emergencia

24.01.2016 | 04:55
Simón Espinosa

La tramitación de los proyectos de grandes infraestructuras vinculadas al agua suelen eternizarse por la complejidad técnica y los muchos afectados a los que hay que pedir opinión. Si a eso se le suma la "baja o nula percepción del riesgo" que, como destaca la Dirección Xeral de Emerxencias, existe ante la posibilidad de un accidente y las graves inundaciones que provocaría, ya está explicado por qué la mayoría de las presas de la comunidad incumple a estas alturas la normativa de seguridad para este tipo de instalaciones, vigente desde hace justo 20 años cuando el Gobierno lanzó el primer reglamento técnico específico tras la tragedia de Tous en 1982. En la cuenca Galicia-Costa el número de embalses para abastecimiento y centrales hidroeléctricas supera el medio centenar, con prácticamente la mitad sin ni siquiera evaluación de peligro, según los datos actualizados por la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que prepara un plan para, precisamente, agilizar los protocolos de emergencia y reforzar la vigilancia mientras las empresas no los implantan.

Incluso antes de la entrada en vigor de ese primer reglamento, la guía dictada en 1995 para coordinar los trabajos de Protección Civil ante una eventual inundación marcaba la obligación de clasificar a las presas en función de su riesgo potencial. Una distribución todavía vigente. Son tres categorías. La A, con los embalses en los que una rotura o el mal funcionamiento "puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes". La B, en la que esos impactos son "importantes" o afectarían "a un número reducido de viviendas". Y la C, con daños "de moderada importancia" y víctimas mortales "solo incidentalmente". Aquellas infraestructuras etiquetadas en los dos primeros niveles deben contar con un plan de emergencia que, tras el estudio de su seguridad, recoja cómo intervenir en el control de situaciones que puedan derivar en la fractura o una avería grave; delimitar la zona inundable y los tiempos que tardaría en propagarse el agua; y la organización y uso de medios para actuar, incluidas el sistema de alarmas.

Pues del total de embalses existentes en la demarcación que tutela la Xunta -y que básicamente incluye toda la fachada atlántica y el litoral lugués-, hay 24 que a estas alturas aún no están clasificados. Es decir, sin diagnóstico de riesgos. En este grupo están la presa de Barreiro, Santa Marina, Xerdiz, Miñotos, Carantoña, Lavandeira, San Xusto, Pontebora, Ponte Infierno, Feixa II, Ponte, Narahío, Arnego, Umia, Portodiz, Onza, Chimparra y la que alimenta la central hidroeléctrica del Eume.




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Una vez que pasen por el cribado técnico, aquellas que se encuadren en las dos principales categorías de riesgo deberán poner en marcha un plan de emergencias. El listado de las que carecen de él no es precisamente pequeño ni tampoco son instalaciones de pequeña importancia. La Consellería de Medio Ambiente identifica actualmente 14. Los embalses de Forcadas, Con, Baiona, Zamáns -que sirve a Vigo y Val Miñor-, Ribeira, Eume, Narahío, A Ponte, Barrié de la Maza, Lavandeira, Pontillón de Castro, Beche, Lourenzá y Caldas de Reis.

El inicio del proceso depende de las empresas titulares de las presas con una propuesta primero de clasificación que Augas de Galicia confirmará o no; al igual que en el siguiente paso, la elaboración del plan de emergencia, visado por la administración antes de notificarlo a Protección Civil. Hay cuatro embalses gestionados directamente por la Xunta que están en esa situación de espera. Dos de ellos, según asegura el departamento que dirige Beatriz Mato, disponen de plan aprobado y los otros dos se están redactando.

"Obviamente, la ausencia de los planes de emergencia no exime de que todos cuenten con un protocolo de seguridad", explican en Medio Ambiente. "La seguridad está garantizada -continúan- y además cada año hay mejoras tecnológicas para el control de los caudales".

A medio camino entre los protocolos básicos de seguridad y el plan de emergencias están las normas de explotación de los embalses. Tanto la Instrucción de Grandes Presas como el Reglamento Técnico instan a elaborar una guía interna en las instalaciones con el programa anual de llenado y vaciado, las actuaciones específicas en caso de crecidas, los planes de inspección y mantenimiento y los sistemas de aviso y alarma en desembalses normales y situaciones extraordinarias. Hay 19 en la demarcación de Galicia-Costa que incumplen la obligación y que coinciden en buena parte con los que tampoco poseen planes de emergencia: Forcadas, Con, Baiona, Zamáns, Ribeira, Eume, Cascada, Ponte Olveira, Castrelo, Santa Uxía, Barrié de la Maza, Portodemouros, Río Covo, Rosadoiro, Anllo, Pontillón de Castro, Beche, Rúa y Caldas de Reis.

Medio Ambiente incorpora la radiografía de las carencias en materia de seguridad de los embalses gallegos en el contrato que acaba de licitar con una inversión cercana a los 400.000 euros para mejorar el servicio encargado de revisar las clasificaciones de las infraestructuras, las normas de explotación y los planes de emergencia. "El objetivo es darle un impulso a los trámites", admiten desde la consellería, que recuerda que la redacción de los planes pueden dilatarse "hasta cuatro años".

La adjudicataria se encargará de pasar la lupa por las propuestas de clasificación de las empresas que gestionan los embalses, con un informe "en el que se recogerán las carencias o aspectos a corregir en la propuesta y, de ser el caso, la redacción del informe propuesta para la posterior clasificación mediante resolución". Las mismas tareas que se contemplan para la revisión de las normas de explotación y planes de emergencia que no están aprobados y sobre los que Medio Ambiente advierte que podrían ser más de los conocidos en este momento por la falta de clasificación de 24 de ellas. El contrato incluye "el seguimiento y la asistencia técnica" durante todo el proceso de implantación de los planes que estén aprobados actualmente y los que vengan a partir de ahora.

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