A Coruña eleva su deuda a proveedores hasta 27,4 millones y Vigo la reduce a la mitad, con 2,6

El concello herculino suma el 40% de las facturas pendientes en todas las urbes de la comunidad -La Xunta paga en 29,97 días, en el límite marcado por la ley de Morosidad

23.01.2016 | 02:23

Las facturas pendientes de pago a los proveedores siguen acumulándose en los despachos de las alcaldías. Son cada vez menos las administraciones que incumplen los 30 días que fija la Ley de Morosidad a para que pongan al día sus recibos, pero las que no se ajustan al plazo son reincidentes. En el conjunto de las ciudades gallegas, salvo Ferrol que no figura en la tabla de grandes urbes del balance de Hacienda, la deuda con autónomos y pequeñas pymes el pasado mes de noviembre superó los 63,2 millones. Esta cifra supone 2,3 millones más que el mes anterior. O lo que es lo mismo, en tan solo 30 días, las facturas sin pagar de las ciudades gallegas aumentaron casi un 4%. La únicas que incumplieron el plazo para zanjar las deudas con sus proveedores fueron A Coruña (48,69 días) y Santiago (35,40). Por el contrario Vigo y Pontevedra las abonaron antes de que comenzase a contar el plazo legal, en concreto en -6,57 días y -0,17, respectivamente. Ourense lo hizo en 22,79 y Lugo, casi al límite, en 29,68.

El Concello de A Coruña se mantiene a la cabeza del ranking, con una deuda con sus proveedores el pasado noviembre de más de 27,4 millones de euros, casi un 13% más que los 24,34 millones que acumulaba en recibos el mes anterior, según datos publicados ayer por Hacienda. Las facturas pendientes en el Ayuntamiento coruñés representan más del 40% de la deuda con proveedores de todas las ciudad y más del doble que las cuatro diputaciones gallegas juntas.

Sin embargo no fue el Concello de A Coruña el que tuvo la peor evolución en noviembre, ya que Santiago aumentó el volumen de su deuda con los proveedores más e un 15%, al pasar de los poco más de 9 millones de octubre a casi 10,5 millones del mes siguiente. Con similares incrementos en el conjunto de las facturas pendientes de pago están Lugo (+7,8%, por un importe total de 12,1 millones) y Pontevedra (+7,5%, por valor de más de 3,2 millones).



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En el lado opuesto de la lista están Vigo y Ourense, las dos únicas ciudades gallegas que el pasado noviembre redujeron la deuda con autónomos y pequeñas empresas. El mayor ajuste en sus facturas la protagonizó el Concello de Vigo, que en menos de un mes redujo a menos de la mitad su deuda: 2,6 millones en noviembre frente a a los más de 5,3 de octubre. En el caso de Ourense el descenso de los impagos fue del 7,5%, casi 600.700 euros menos que en octubre.

Sin embargo si tienen en cuenta los datos por habitante, Lugo es la ciudad peor posicionada ya que cada vecino tendría que abonar 123 euros para poner al día la deuda del Concello con sus proveedores. Le siguen en la lista A Coruña, con una media de 112 euros per cápita y Santiago, con 109. A gran distancia están Ourense (una deuda por vecino de casi 69 euros), Pontevedra (38 euros por habitante) y finalmente Vigo (tan solo 9 euros).

En cuanto a las diputaciones, acumulan en deudas a proveedores más de 7,2 millones, un importe que al contrario de lo que ocurre con las ciudades lograron reducirlo respecto al mes anterior. En total, 837.517 euros menos, lo que implica una caída en sus pagos pendientes del 6,6%. El comportamiento por provincias es dispar. Mientras en la Diputación de Pontevedra la deuda con proveedores se multiplicó por tres -pasó de apenas 300.000 euros en octubre a más de 822.000 en noviembre- y en la de A Coruña se incrementó casi un 9% -3,4 millones en noviembre frente a los 3,1 del mes anterior-, en Lugo se logró reducir un 32% -cerró noviembre con 3,4 millones, pero en octubre tenía más de cinco- y en Ourense se mantuvieron prácticamente las mismas cifras -3,9 millones, apenas un 0,8% menos-.

De las comunidades autónomas, Galicia está al límite de incumplir el plazo legal que fija la Ley de Morosidad, ya que en noviembre saldó sus deudas en una media de 29,97 días, frente a los 27,17 contabilizados el mes anterior. Hasta un total de nueve Ejecutivos autonómicos incumplen la normativa, con Extremadura y Murcia a la cabeza, con una espera por parte de los proveedores para cobrar sus facturas de 138,25 y 105,77 días, respectivamente.

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