La Directiva Marco del Agua (DMA) acumula ya una década y media en vigor como la respuesta coordinada de los gobiernos europeos ante la cada vez mayor presión sobre los recursos hídricos por el crecimiento sin tregua en la demanda. Por la necesidad de protegerla dado que no se trata "de un bien comercial como los demás". La norma se asienta sobre los principios de sostenibilidad ambiental, racionalidad económica y transparencia y participación social, con el objetivo general de que todas las masas de agua del viejo continente alcanzaran un estado de conservación favorable en 2015. Una meta tan ambiciosa que el tiempo se encargó de desdibujar, principalmente porque la situación de partida lo ponía difícil de antemano. La demarcación que reúne a los grandes ríos de Galicia, el Miño y el Sil, lo ejemplifica a la perfección. Es, como destaca la confederación hidrográfica que la gestiona, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, una de las áreas más exprimidas de todo el Estado -sobre todo por los aprovechamientos hidroléctricos- y cerca de 70 ríos y embalses no alcanzará una calidad ecológica adecuada hasta 2021 o, incluso, 2027 en los peores casos, según consta en su plan hidrológico que el Gobierno acaba de aprobar.
En los casi 17.400 kilómetros cuadrados que suma la demarcación -el 77% en tierras gallegas, mientras el resto se reparte entre Asturias y León-, hay un total de 279 masas de agua superficiales, de las que 68, una cuarta parte, están "muy modificadas". En concreto, 38 ríos y otra treintena que puede "asimilarse" a lagos por los efectos producidos por la presencia de embalses. Lagos reales hay tres, dos masas de agua en transición -próximas a desembocaduras- y otras dos consideradas costeras.
El horizonte previsto para el buen estado ecológico en la mayoría de las masas de agua superficiales de la demarcación es 2015. Pero hay excepciones hasta en aquellos ríos que inicialmente no están entre los peores conservados. En 36 de ellos y en tramos del Miño la confederación se agarra al artículo 4 de la DMA que permite exceder los plazos de forma temporal por tres posibles razones: porque es técnicamente inviable conseguirlo, porque el coste es "desproporcionadamente" caro o porque las propias condiciones naturales no lo permiten. Todas las prórrogas son por la primera causa, con lo que la prórroga máxima es de 12 años, hasta 2027.
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En esa misma justificación, la inviabilidad técnica, se enmarca la exención del cumplimiento en los dos tramos del estuario del Miño, dos masas de aguas subterráneas, un lago y 28 ríos y presas de los considerados muy modificados. A este último grupo pertenecen, entre otros, los embalses de Os Peares, Santiago, San Martiño, Castrelo, Conchas o Lindoso; y partes de ríos tan conocidos como el Fervedoira, el Limia, el Sil y, de nuevo, el Miño, según reflejan las disposiciones normativas del plan hidrológico de la cuenta para 2016-2021, publicadas ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El uso del agua para cubrir el abastecimiento se coloca a la cabeza de las preferencias de la demarcación para así adaptar sus prioridades a la "protección y conservación del recurso y de su entorno". Le siguen otros usos ambientales, los agropecuarios, la producción de electricidad en cuarto lugar, el resto de la industria, la acuicultura en sexta posición, usos recreativos a continuación y la navegación y el transporte acuático. El orden de prelación viene acompañado de previsiones de demanda. Para el consumo doméstico, el plan hidrológico prevé entre 140 litros por habitante al día en las localidades de más de 250.000 habitantes y 180 en aquellas de menos de 2.000. Para los camping, 100 litros por plaza diarios; 250 en hoteles; 60 en colegios; 300 en hospitales; 60 litros en cuarteles, restaurantes y oficinas; 100 para centros comerciales y de ocio; y 200 para servicios y vestuarios públicos.
La horquilla en las dotaciones de agua para regadío va desde los 1.200 metros cúbicos por hectárea al año en viñedos hasta los 3.900 en plantaciones de kiwi, maíz y cultivos forrajeros. En usos ganaderos, el tope se fija en 0,5 litros por cabeza al día en avícola menor, 50 en porcino, 100 en equino o 120 en bovino.
Para las centrales hidroeléctricas, la dotación se establece en función del salto y su potencia, con un techo de 0,002 hectómetros cúbicos de agua por cada kilowatio instalado en las que superan los 400 metros. En las industrias se tiene en cuenta tanto el número de empleados como su relevancia en el Producto Interior Bruto (PIB). "En relación a las piscifactorías, se examinarán las necesidades indicadas de acuerdo con el número de renovaciones diarias del agua de las balsas", indica la norma. Las piscinas públicas y privadas podrán hacer un llenado al año, además del volumen "preciso" para "reponer pérdidas por motivos de contaminación, accidentes, fugas o evaporación".
