La Xunta otorga seis meses de moratoria para adecuar las viviendas de uso turístico

El Ejecutivo introduce una novedad de última hora para suavizar el impacto del decreto que regulará los alquileres para estancias inferiores a 30 días

15.01.2016 | 02:46

Aunque el decreto que regulará por primera vez en Galicia el alquiler de pisos particulares a turistas se aprobará en este primer trimestre del año, la aplicación de sus requisitos, exigencias y restricciones contará con un periodo transitorio de seis meses desde que el Diario Oficial de Galicia publique la nueva norma. Este es el principal cambio que la Xunta ha introducido en la redacción definitiva del decreto, el de conceder una moratoria de medio año para que los propietarios de las viviendas de uso turístico tengan tiempo de adecuarse a las nuevas disposiciones. En el proyecto de la normativa no se incluía esta transición y solo se establecía un plazo de 20 días para su entrada en vigor desde su aprobación definitiva, pero el Gobierno gallego ha decidido corregir el texto e introducir esta novedad en atención a las alegaciones y para así suavizar el impacto de la medida.

De este cambio, de otorgar una moratoria de seis meses, informó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello. Dijo que el decreto pretende erradicar problemas como el intrusismo, la competencia desleal e irregularidades asociadas "a la fiscalidad y tributación". "Habrá una factura con IVA y, si no, estaríamos ante una actividad no declarada", señaló, si bien no se arriesgó a hacer una estimación de cuánto se podrá recaudar para las arcas autonómicas.

El sector turístico profesional demandaba esta norma por entender que competían en desigualdad de condiciones con los particulares, a los que apena se les exigían requisito para alquilar sus viviendas a turistas. Hasta el año 2013 todas los arrendamientos, sin importar la duración del contrato, se regulaban por una ley estatal, pero desde esa fecha, con una reforma legal, se diferenció el alquiler ordinario de un piso del de uso turístico, dejando en manos de las comunidades autónomas, por tener la competencias en la materia, su ordenación. Y la Xunta estableció que tendrían uso turístico los alquileres inferiores a estancias de un mes, que son los que se regula en el decreto de próxima aprobación.

La nueva categoría engloba todos los domicilios particulares que se ofrecen para uso turístico. Sus propietarios deberán registrarlas en Turismo de Galicia y cumplir una serie de obligaciones, aunque éstas no entrarán en vigor, en principio, en un plazo de seis meses, de forma que habrá margen para adecuar las instalaciones. Gracias a la moratoria incluida en el último momento, el próximo verano se podrán firmar aún alquileres sin tener que ajustarse a la nueva reglamentación. "Con 4,5 millones de turistas al año necesitamos tener al día estas actividades", precisó Feijóo.

El decreto exige que los propietarios de los pisos turísticos deben inscribirse en un registro de la Xunta y presentar una declaración responsable conforme cumplen con todos los requisitos, como contar una superficie mínima del piso, disponer al menos de cuatro dependencias (dormitorio, salón-comedor, cocina y baño), que salvo el excusado todos los cuartos tengan ventilación exterior, contar con un seguro de responsabilidad civil y con un rótulo distintivo en la puerta o tener calefacción y climatizador cuando no se pueda garantizar una temperatura ambiente mínima de entre 19 y 21 gradoss. Además, no se podrán alquiler los pisos por habitaciones y los dueños tendrán que remitir a la Dirección General de la Policía información sobre la identidad de las personas que ocupen el alojamiento.

En su reunión de ayer, el Consello de la Xunta también aprobó el decreto por el que se regula el procedimiento de selección de los documentos en papel en podrán ser eliminados el archivo de la Administración autonómica para liberar espacio. "Pero en ningún caso se podrá autorizar ni proceder a la destrucción de documentos mientras estos tengan algún tipo de valor probatorio de derechos y obligaciones referidos a personas físicas o jurídicas o no transcurriesen los plazos que la legislación vigente establece para su conservación", asegura la Xunta.

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