La juez de la 'Operación Zeta' cita a 25 nuevas personas en calidad de investigadas

La magistrada recuerda en los informes que Caype accedió presuntamente fraudulenta a fondos públicos

15.01.2016 | 18:28

El Juzgado de Instrucción nº6 de A Coruña ha notificado hoy un auto en el marco de la denominada 'Operación Zeta' en el que acuerda citar en calidad de investigadas a 25 nuevas personas. Al comienzo de la resolución, la juez recuerda que las conclusiones de la primera parte del informe referido a Caype, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, "no pueden ser más demoledoras y vienen a confirmar los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas hasta la fecha".

En este sentido, sostiene que no hay registro ni documento alguno que acredite la actividad definida en sus estatutos y que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general. Indica además que "los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y los que se contabilizan como donaciones no se aplican a fin social alguno".

La magistrada entiende que se confirma la nula representatividad de la Confederación y se constatan los medios empleados para simular su implantación en todas las comunidades autónomas. En el auto dado a conocer hoy, se recuerda que "la investigación policial había constatado que Azetanet no solo era en relación a Caype una consultora contratada para la ejecución de acciones formativas sino que era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gestión de la misma, incluido el control de sus supuestas sedes". Por ello la juez acuerda la citación en calidad de investigados de "quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico". Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada y fraude de subvenciones y falsedad documental.

La juez ha acordado también la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación, "teniendo en cuenta no solo los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto, sino porque, además, hay indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva". Y finaliza el listado de nuevos investigados con otra persona como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Se hace constar también en al auto la citación de 23 testigos.

En la resolución notificada hoy se sostiene que "Caype se constituye como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto".

De esta forma, según los informes obrantes en la causa, "el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros" presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.

Con relación a Azetanet, concluye la magistrada que se ha verificado la forma en que se instrumentalizaban los acuerdos de devolución descritos en los archivos localizados en esta empresa. En concreto, en forma de cheques y préstamos que Caype no refleja en su contabilidad. "Se ha descrito –indica- pormenorizadamente la cuantificación y destino de las cantidades detraídas" que superan la suma de 2.812.000 euros, "todos ellos procedentes de fondos públicos porque Caype no tenía otros ingresos".

Concluye la juez el auto advirtiendo que no se procederá al señalamiento de las declaraciones, incluidas las de aquellos contra los que se dirigió el procedimiento con anterioridad, en tanto no haya sido escaneada la totalidad de la documentación para garantizar así el derecho de defensa.

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