El rechazo de PP, PSOE y Ciudadanos impedirá a la coalición En Marea contar con grupo parlamentario propio. La oposición de los socialistas a que una formación gallega tenga grupo parlamentario propio por primera vez desde tiempos de la II República abre un escenario donde el apoyo de Podemos y sus candidaturas afines -que suman 69 actas- a un posible Gobierno de izquierdas presidido por su líder, Pedro Sánchez, ahora se antoja "muy complicado".
Las negociaciones de última hora entre la Marea, Podemos y listas afines de Cataluña y Valencia con el PSOE no dieron sus frutos, ni siquiera cuando ofrecieron rebajar tiempos parlamentarios y cobro de subvenciones. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió a su homólogo socialista, Pedro Sánchez, que ante su oposición a la demanda de cuatro grupos, "los entendimientos ulteriores serán muy complicados".
Horas después, Sánchez cerraba un acuerdo con Ciudadanos para que Patxi López presida desde hoy el Congreso, con la anuencia del PP, que optó por no presentar candidato. Y ahí cerró la puerta al grupo de la coalición gallega, aunque confió en poder entenderse para emular el Gobierno de izquierdas luso y ser el primer presidente del Ejecutivo desde la Transición cuyo partido no es el más votado.
Tras meses de negociación entre Podemos, Anova y Esquerda Unida para dar con la fórmula que les permitiese contar con un instrumento político ex novo y que les brindase la opción de contar con grupo en el Congreso, En Marea consiguió los objetivos para lograrlo: un escaño más de los cinco necesarios y superar el 15% de votos en todas las provincias.
Sin embargo, el reglamento del Congreso establece también que "en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido" ni que formen parte de formaciones que "no se hayan enfrentado ante el electorado".
En Marea estima que cumple estos requisitos y lo defenderá ante el Tribunal Constitucional, aunque prevé que esa decisión tarde años. La clave residía en la interpretación de la Mesa del Congreso y PSOE, PP y C's rechazan esa aspiración porque entienden que todos forman parte de un todo. De hecho, Iglesias evitó ayer cifrar los diputados de Podemos para aclarar si se trata de 42 o si incluye los 29 restantes de sus alianzas. De los seis gallegos, únicamente dos militan en Podemos.
La portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, compareció con Iglesias y sus aliados de En Comú (Cataluña) y Compromís-Podem (Valencia) para denunciar un "fraude democrático" si se confirmaba el veto que se consumará hoy en la constitución de la Cámara Baja. Abrió la negociación a los tiempos y la financiación porque "ese no es el problema", en alusión a que, de contar con grupo, su coalición recibiría 461.000 euros anuales y tendrían más voz en la Cámara. El PP afeó que la suma de fondos de la tercera fuerza superaría los que recibirá la primera.
Además, proclamó que esa decisión supondrá que el 25% de los gallegos "no tengan representada su voz en el Congreso". "Continuaremos instando al PSOE que elija entre una postura inflexible sin entender el nuevo momento político o abrir un diálogo fraternal y verdadero que nos permita trabajar en conjunto", retó Fernández.
El acuerdo de En Marea establecía ya como posibilidad no poder constituir grupo -pero por resultados insuficientes-, dejando en manos de sus miembros el sumarse al grupo de Podemos o irse al mixto, opción desechada en un principio.
El júbilo que experimentó En Marea el pasado 20-D, tras empatar a escaños con el PSdeG y superarlo en votos, se ha tornado decepción tras el anuncio socialista de veto a su grupo, que prevé una complicada negociación no solo de cara a la investidura hipotética de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, sino durante toda la legislatura y en una posible alianza de izquierdas en Galicia para desalojar al PP de la Xunta.
Podemos podrá usar esta situación para presentarse como alternativa al establishment, pero también deberá justificar una posible falta de acuerdo para un gobierno de izquierdas por no atender la reclamación de sus socios. Un cambio en este punto podría generar tensiones con estos. Galicia tiene precedentes con la experiencia de AGE en el Parlamento gallego, donde las pugnas internas han derivado en dos escisiones a las que previsiblemente se sumará otra.
