La Fiscalía denunció al Sergas ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago al apreciar "indicios de delito" y presunta responsabilidad penal de las autoridades sanitarias por negarse a facilitar el tratatamiento a cuatro pacientes de hepatitis C, tres de los cuales terminaron falleciendo. A raíz de una denuncia presentada por médicos de la asociación Batas Blancas el pasado mes de marzo, el ministerio fiscal inició una investigación y nueve meses después decidió tramitar la denuncia ante los tribunales.

En el foco de esta demanda, tal y como explican desde Batas Blancas, está el entonces director xeral de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, que presidía la comisión autonómica central de farmacia y que ahora ejerce como gerente del nuevo Hospital de Vigo (Chuvi). En todo caso, la supuesta responsabilidad penal podría extenderse también a la que fue conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, y al resto de integrantes de la comisión de farmacia.

La denuncia hace referencia a la muerte de tres pacientes enfermos de hepatitis C a los que se les denegó o no se les facilitó a tiempo un nuevo medicamento recién salido al mercado hace unos años y cuyo elevado coste -de 25.000 euros- sometía su dispensación a un estricto control por parte de la administración sanitaria. Los médicos solo podían recetarlo en determinados casos contemplados por el Ministerio de Sanidad y, en ese caso, debían solicitarlo a la comisión de farmacia del Sergas, organismo que en última instancia tenía que autorizar su dispensación.

Los tres pacientes muertos por hepatitis C a los que hace alusión la denuncia cumplían los requisitos, pero a pesar de ello, según explica el portavoz de Batas Blancas y jefe de la Unidad de Transplante Abdominal del Hospital Clínico de Santiago (CHUS), Evaristo Varo, en el Sergas rechazaron suministrar el fármaco o lo autorizaron con retrasos de hasta ocho meses cuando ya la salud del paciente había empeorado mucho.

Uno de los tres fallecidos por hepatitis C incluidos en la denuncia de la Fiscalía es Isolina Sánchez Patiño, una vecina de A Coruña, que murió a la tercera semana de tratamiento después de estar esperando ocho meses.

Los otros dos casos eran precisamente pacientes de Evaristo Varo. "Uno de ellos no llegó ni a recibir respuesta y al otro el tratamiento le llegó con seis, siete meses de retraso", explica este facultativo.

"Hubo un cuarto caso, que finalmente se salvó, porque después de haber remitido dos peticiones en menos de mes y medio a la Xunta para obtener la medicación sin recibir respuesta, enviamos una carta a la conselleira Rocío Mosquera amenazándola con llevarla a los tribunales y gracias a esto a los tres días el paciente tenía ya las pastillas en farmarcia", explica Varo.

La denuncia fue presentada por Batas Blancas a la Fiscalía del TSXG y ésta la derivó al fiscal de Santiago. Durante nueve meses investigaron el caso e incluso enviaron a la Policía Judicial al Hospital Clínico de Santiago. El pasado 29 de diciembre el ministerio público cursó denuncia ante el juzgado para abrir "diligencias penales". El Sergas asegura no haber recibido ninguna notificación.

"Llevo 40 años como médico y nunca pensé que una administración podría dejar morir a una persona por razones económicas", lamenta Varo que recuerda como los pacientes y sus familiares lo abordaban en los pasillos "llorando y suplicando por la medicación".

Los retrasos y negativas del Sergas a los tratamientos de la hepatitis C fueron contestados por la plataforma de afectados con numerosas protestas el pasado año hasta que en abril el Ministerio de Sanidad relajó los requisitos para beneficiarse de esta medicación. Desde entonces la situación se ha normalizado y no se han rechazado más tratamientos.