El exalcalde de Ponteareas, Salvador González Solla (PP), volverá el viernes al juzgado de instrucción número 2 de esta localidad, citado para declarar como 'investigado' en el marco de la Operación Patos, en relación con la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Según han confirmado fuentes judiciales, González Solla ha sido citado para el 15 de enero a las 10.30 horas, después de que hubiese comparecido inicialmente el pasado 10 de diciembre. En aquel momento, y después de una hora respondiendo a las preguntas de la jueza y la Fiscalía, su declaración quedó suspendida al pedir los abogados tener acceso a las grabaciones.
Del mismo modo, se aplazaron las declaraciones previstas en diciembre de la exedila de Hacienda, Belén Villar; de la secretaria municipal, Pilar F.A.; y de la interventora, María Celia S.P. Estas tres personas han sido vueltas a citar y está previsto que declaren el 29 de enero y el 24 de febrero próximos.
Por otra parte, las mismas fuentes también han confirmado que el juzgado ha ampliado las investigaciones a otras tres personas, funcionarios municipales, que también han sido citados para 24 de febrero y el 9 de marzo próximos. Se trata de Germán A.G., Zaida L.V., y Alejandro D.D.
En su día, González Solla respondió a las cuestiones relacionadas con la adjudicación del mantenimiento de la ETAP a Aquagest, uno de los procedimientos investigados en esta pieza separada de la Operación Patos. A su salida del juzgado, el exalcalde proclamó su inocencia ante los medios de comunicación, y aseguró que siempre había actuado con "informes favorables" y que no había recibido regalos a cambio de favorecer a empresas.
Investigación
Estas comparecencias se corresponden con una de las piezas separadas de la causa principal, que está a cargo de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, María del Carmen García Campos, quien también se encarga de la pieza separada de Nigrán, pero que se inhibió en juzgados de Ponteareas, Ourense, Pontevedra y Santiago, para que se encarguen de la parte relativa a esos partidos judiciales.
Según informes policiales del sumario de esta investigación, al que ha tenido acceso Europa Press, se relaciona a la exedila y al exregidor con la presunta comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental.
La UDEF ha centrado sus investigaciones, entre otros asuntos, en la adjudicación de la gestión y mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) a la empresa Aquagest. Según se recoge en sus informes, esta adjudicación se hizo "por la vía del hecho", "sin licitación ni procedimiento administrativo legal alguno".
Así, pone de manifiesto que, en las conversaciones telefónicas intervenidas, la propia Belén Villar admite, hablando con el gerente de Eiriña (el también imputado Enrique Alonso Pais), que el alcalde entonces, Salvador González Solla, tiene un "desmesurado interés" por que se adjudique ese contrato a Aquagest.
Por otra parte, la Policía también ha investigado supuestas irregularidades en la tramitación de una subvención de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para la que se habrían falisificados documentos. Según la UDEF se justificaron obras como si hubiesen sido realizadas "con los medios propios del Ayuntamiento" cuando, en realidad, "las ha realizado una empresa privada".
En este caso, además, la Policía cree que pudo haber un delito contra la Hacienda Pública, porque las obras subvencionadas (en las inmediaciones del río Tea) recibieron fondos de la UE.
En el sumario también se apunta a otras supuestas actuaciones delictivas, como la justificación de gastos del Centro de Día que, en realidad, son "ficticios"; las gestiones de la exedila Villar para favorecer la contratación de ciertas personas, para retirar multas o para "ocultar" posibles acciones delictivas de un funcionario (investigado por cobro irregular de la tasa municipal de las terrazas).
