La propia Consellería de Traballo e Benestar reconoció en un informe a finales tras el pasado verano que durante 2014 tardó casi siete meses de media en resolver las peticiones para cobrar esta subvención mensual, superando ampliamente los dos meses fijados legalmente como máximo. Esas demoras supusieron una factura de dos millones de euros para las arcas públicas para acometer los atrasos a los beneficiarios.
