Las industrias lácteas deberán comunicar al mes el importe de sus ventas al Gobierno

Agricultura ultima el decreto de cesión de precios del que quedarán excluidas las fábricas con volumen inferior a los 100.000 litros - Los datos de cada empresa serán confidenciales

27.12.2015 | 02:13
Tractores en un bloqueo ante un centro comercial en A Coruña. // Víctor Echave.

Desde la aprobación del acuerdo lácteo a finales de septiembre, dos eran las herramientas pendientes con las que el Ministerio de Agricultura pretendía otorgar transparencia al sector. Por una parte, el contrato-tipo aprobado a principios de este mes en el que se establecen unos requisitos homogéneos para que todas las industrias apliquen a los ganaderos en sus acuerdos pero sin establecer un precio mínimo. Está todavía pendiente el decreto de cesión de precios que revele el precio al que vende la leche la industria a la distribución, un documento que los ganaderos ven fundamental para conocer cuál de las dos partes de la cadena alimentaria se lleva los beneficios sin que estos lleguen a sus explotaciones.

Los ganaderos han centrado este mes sus movilizaciones en las distribuidoras para reclamarles que cumpliesen el acuerdo lácteo y repercutiesen en las granjas los seis céntimos que subieron a los cartones de leche en los lineales de supermercados y que cobran a los consumidores desde septiembre. Los bloqueos de los productores con sus tractores en los principales centros de distribución de la comunidad permitieron llegar a acuerdos con subidas del precio.

Una vez que el Gobierno apruebe el decreto de cesión de precios se podría conocer quienes son los incumplidores, aunque la información de cada empresa es confidencial y la Administración solo podrá publicar los datos agregados.

Hasta ahora se conocía la cuantía que cobran las explotaciones por vender leche a la industria y el precio al que lo compran los clientes en los supermercados. El gran secreto era el paso intermediario, el precio de cesión de las fábricas a la distribución. El documento que ultima el Ministerio de Agricultura, y cuya aprobación ya estaba prevista para noviembre, obliga a todos los fabricantes de leche líquida envasada de vaca a declarar entre el día 1 y 20 de cada mes el volumen comercializado en el mes anterior incluyendo la denominación del producto, el tratamiento, el contenido de materia grasa, la marca, el tipo de envase, la cantidad, y por supuesto, el precio.

El Gobierno exime, sin embargo, de esta obligación a las industrias que en el mes a declarar no hayan realizado ventas superiores a los 100.000 litros. En el texto faltaría también comprobar que esta información es veraz exigiendo las facturas de esas declaraciones a la distribución.

Los datos aportados por las factorías permitirán crear el Sistema de Información de Fabricantes de Leche Líquida de Vaca Envasada (Sifaleve) que complementará la información del Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo (Infolac) que incluye el registro de primeros compradores que operan en España en el sector lácteo, la información de los contratos entre productores y primeros compradores y las declaraciones obligatorias entre estos dos eslabones de la cadena. Las industrias que no cumplan el decreto no podrán adherirse al código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria e incluso podrían excluidos del registro estatal de buenas prácticas mercantiles.

Al mismo tiempo que el Ejecutivo tramita el decreto de cesión de precios, la Interprofesional Láctea (Inlac) integrada por productores e industrias ultiman un estudio sobre cuáles son los precios a los que les cuesta producir a cada pata del sector lácteo un litro de leche. El estudio será remitido al ministerio y una vez conocidos los costes de producción y los precios de venta se podría determinar una tarifa sostenible que debería percibir cada eslabón -la principal reivindicación de los ganaderos en sus movilizaciones- si bien esta medida ha sido rechazada en varias ocasiones por el Gobierno central al alegar que se vulnera la normativa comunitaria.

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