La ronda de declaraciones por las supuestas irregularidades en un crédito de 2007 que Caixanova concedió a una UTE con sociedades vinculadas al presidente de Copasa para la construcción de viviendas en una parcela en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid abre formalmente la investigación de la Anticorrupción sobre las operaciones que el FROB le remitió en los dos últimos años fruto de su investigación en las entidades que recibieron ayudas públicas, incluidas CatalunyaCaixa y Bankia. En el expediente del caso figuran el resto de créditos sospechosos ligados a las dos antiguas cajas gallegas, con un peso destacadísimo de las relaciones que Caixa Galicia mantenía con Astroc, la gran protagonista del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, y que, según la información entregada por el FROB, originaron un agujero a la entidad liderada por José Luis Méndez de 360,44 millones de euros.

En total, son once operaciones ligadas al imperio que llegó a montar Enrique Bañuelos. Directamente con Astroc o con firmas participadas o vinculadas. Con el importante matiz, como apunta el FROB, de que el perjuicio "podría verse incrementado por el riesgo actual, que sigue generando intereses". Los créditos procedentes de Caixanova, seis, suman un daño estimado de 186,22 millones. Lo que deja la factura final en 546,63 millones de euros. El FROB llegó a anunciar públicamente que el total alcanzaba 980 millones de euros. Así que es probable que falten operaciones por incluir en la relación elaborada por la Fiscalía o la revisión de los expedientes acabó por rebajar el impacto patrimonial.

De entre todas las relaciones entre Caixa Galicia y Astroc sobresale en cantidad el perjuicio supuestamente generado en la propia participación de la caja a través de su corporación industrial CXG en el accionariado de la inmobilaria. Por sí sola, esta operación se dispara a 73,39 millones de euros. Hay otras dos operaciones cuantiosas, una con Quabit y otra con Nozar, ambas por encima de los 59,2 millones de euros.

Entre las de Caixanova están el proyecto Marina Atlántica en Cangas, con 45,94 millones y los desarrollos urbanísticos a través de Proseinga en Brasil y México, con 67,83 millones.