La cúpula de la extinta Caixanova defendió ayer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que la operación inmobiliaria por valor de 67 millones en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid fue "correctísima", que estuvo "controlada" por toda la estructura de la caja y que se veló en todo momento por el interés de la entidad. El procedimiento judicial se abrió a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) detectara supuestas irregularidades. Mientras la operación de Caixanova ha llegado a la Audiencia, todavía no lo han hecho ninguna de las operaciones de Caixa Galicia, la que tenía el mayor lastre de ladrillo y que acabó por quebrarla. Las operaciones de la extinta caja coruñesa están siendo investigadas, pero si no se apuran los trámites, estarían a punto de prescribir a no ser que la causa sea por administración desleal con agravante.
El foco no está en la concesión del crédito por 67 millones de euros a varias sociedades inmobiliarias para la compra de solares en Rivas-Vaciamadrid, sino en la entrada en quiebra en 2010 de dos de las empresas, a raíz de la crisis económica, y su imposibilidad de devolver el préstamo. En vez de ir a un concurso de acreedores, Caixanova apostó por una dación en pago, que se hizo a través de Proinova, la inmobiliaria de Caixanova, que se queda con el suelo y la carga hipotecaria. La extinta caja no quería ir al concurso de acreedores porque otros préstamos podían ponerse también en riesgo, dado que otras empresas de la UTE tenían más créditos con la misma entidad.
La Fiscalía Anticorrupción presentó por ello una denuncia por delitos de administración desleal o apropiación indebida contra 17 exdirectivos de la antigua caja, por entender que la operación podría haber producido un supuesto perjuicio patrimonial a Caixanova y a la inmobiliaria Proinova.
La Fiscalía cuestiona también el precio de 14 millones de euros por el que uno de los empresarios, tras producirse la dación en pago, compró parte del terreno, pero los declarantes explicaron ayer que está fijado por ley el precio máximo de una parcela destinada a vivienda oficial y que no lo marcó la caja.
Los exdirectivos y ex altos cargos de la caja defendieron que el crédito cuando se concedió parecía razonable y que cuando la operación falló no se benefició a ningún cliente ni se perjudicó a la entidad y "se buscó la solución más razonable y que causara menor perjuicio a la entidad".
Ayer declararon el que fuera presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; el ex director general José Luis Pego, el ex consejero delegado de Proinova Gregorio Gorriarán, el ex subdirector general de Caixanova Domingo González Mera, y los vocales Miguel Aragonés y Delfín Ferreiro. Hoy están citadas otras nueve personas.
