El servicio telefónico "A Liña do Galego" de la asociación A Mesa pola Normalización Lingüística ha registrado un total de 157 expedientes de quejas por vulneración derechos lingüísticos relacionados con la lengua gallega por parte de las administraciones, entidades y empresas públicas y privadas de diferentes sectores.

Según los datos recogidos en la memoria de actuaciones del servicio correspondiente al año 2015, se han recibido 195 comunicaciones que llevaron a abrir 157 expedientes de queja, concentradas sobre todo entre los meses de septiembre, octubre y noviembre (42, 21 y 24, respectivamente).

La mayoría de los denunciantes se refieren a problemas relacionados con la falta de atención oral y escrita en gallego (el 33 por ciento), además de la señalización o rotulación incorrecta (17%) y toponimia (14%). El resto de motivos se referían a otros tipos de discriminación (11%), webs y servicios on line (8%), entre otros.

Por otro lado, algo más del 50 por ciento de las quejas totales se referían a la administración pública, tanto estatal como autonómica y local, seguido de instituciones públicas y privadas (16 y 12%) y empresas de servicios.

En el primer caso, el 52 por ciento implican a la administración gallega, mientras que el 27 por ciento se refieren al Estado y el 21 por ciento a los municipios.

La lista de quejas dirigidas a empresas, por su parte, está liderada por Gas Natural-Fenosa con el 13 por ciento, seguida de Abanca, Audasa e Ikea, con un 9 por ciento cada una.

Ante estas cifras, el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, concluye la "vulneración" general del derecho a emplear o a ser atendido en gallego como usuario de un servicio tanto por parte de la administración como de empresas con atención al público, recibiendo respuestas como "o me habla castellano o no continuamos la conversación".

Maceira acusó a la administración de ser "cómplice" de estos "ataques" dado que "no sólo abdica en su responsabilidad", sino que "es la primera en incumplir sus propias normas" y se le da "carpetazo" a las investigaciones sobre discriminación lingüística relacionadas con la lengua gallega. También ironizó con las 500 disposiciones que amparan, defienden y promueven el uso del castellano frente a las "pocas" relacionadas con la lengua gallega.