Mientras la administración pública se ha puesto las pilas para reducir el plazo medio de pago a proveedores y tanto Gobierno central como Xunta y concellos han conseguido ya ajustarse de media al periodo máximo fijado por ley de 30 días, en el sector privado están aún lejos del objetivo que fija la Ley de Morosidad de rebajar la demora por debajo de los dos meses. Las empresas gallegas tardan 96 días en pagar sus facturas, siete días más que al inicio de la crisis. Están además en el grupo de comunidades que más se retrasan en el pago puesto que ocupan el séptimo puesto y se sitúan por encima de la media estatal de 94 días.
Así lo recoge un estudio de Crédito y Caución, compañía que proporciona seguros de crédito, caución y servicios de recobro, realizado entre casi 80.000 empresas españolas. No son solo las gallegas, ninguna de las firmas cumple en España la Ley de Morosidad que entró en vigor en febrero de 2013. "Ha sido un fracaso. España sigue teniendo unos plazos de pago que nos acercan más a la Europa periférica, en la que se sitúan Grecia, Italia o Portugal, que a los comportamientos de otros países como Holanda o los Países Nórdicos", señala el informe.
En Galicia se partía en 2009 de un periodo medio de pago de las empresas de 89 días y alcanzó su pico más alto de demora en 2013 con 99 días. Justo ese año entró en vigor la ley que fijaba un máximo de dos meses a las empresas privadas para pagar sus facturas. Y aunque ese retraso en los pagos se redujo en 2014, la mejora fue de solo tres días y las firmas gallegas siguen abonando sus deudas con más de un mes de retraso sobre lo establecido por ley.
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¿Y qué consecuencias tiene incumplir estos plazos? La falta de pago en los plazos establecidos puede acarrear mayores costes para el deudor, puesto que deberá pagar el interés de demora pactado en el contrato o el fijado por la ley en su defecto. En la práctica pocas empresas hacen valer este derecho, aún cuando se genera de manera automática en cuanto se incumple el plazo legal. Aparte de esto, el incumplimiento del plazo dará derecho al acreedor a reclamar una indemnización por los costes de cobro debidamente acreditado.
Mientras los proveedores de la Xunta cobran en 26 días, los del Gobierno en 19, y los concellos tienen un retraso medio de 28 días, en la empresa privada los plazos se triplican. Y son además las empresas más grandes las que más tardan: 114 días. De hecho, otro estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revelaba que las empresas del Ibex 35 tardan de media 150 días en abonar sus facturas. Según Crédito y Caución, las firmas con menos de diez trabajadores pagan en 95 jornadas, las pequeñas (entre 10 y 50 empleados), solo 91 días, y las medianas, 95 días.
Las comunidades más morosas son Andalucía y Castilla La Mancha (105 días), seguidas de Extremadura (100 días), País Vasco (99 días), Murcia y Asturias (97) y Galicia (96). Y las que antes pagan son Baleares (79 días) y Cantabria (80).
