Aunque la obligación de los profesores de presentar un certificado de penales está ya en vigor desde agosto -con la aprobación de la Ley de Protección de la Infancia-, en Galicia la Consellería de Educación aún no lo aplica y la mayoría de los profesores desconocen que podrían tener que rendir cuentas sobre sus antecedentes penales a la Administración autonómica. Además del desconcierto inicial por este requisito que algunos sindicatos como STEG critican con dureza, entre los docentes también hay confusión sobre quién tendrá que presentar esta documentación o el tipo de información que incluirá.
El departamento que dirige Román Rodríguez aún estudia, de hecho, si pide el certificado de penales a todos los profesores, que en Galicia ascienden a 30.000, o solo a los de nuevo ingreso. "Sería absurdo e increíble que le pidieran su historial a un funcionario", razona con sorpresa el secretario xeral de CIG-Ensino, Anxo Louzao. Además, este dirigente sindical cuestiona hasta que punto se puede tener en cuenta este certificado penal cuando una persona condenada "se supone que ya ha cumplido su pena y está reinsertada".
Una de las principales preocupaciones del profesorado es que no se vulneren derechos fundamentales con la revelación de información que no tiene por qué influir en la actividad docente. "Hay que hilar muy fino. ¿Qué pasa si una persona ha sido condenada por un delito de tráfico? No sabemos si en el certificado penal van a venir desagregados ese tipo de delitos de aquellos vinculados con menores", alerta Luz López de Comisiones Obreras. Aún así, está de acuerdo en que se vigile que personas con antecedentes por pederastia o abuso sexual no trabajen con menores. "Todas las cautelas son pocas, pero habrá que ver como se aplica ahora esta medida", añade.
Para el secretario xeral de FETE-UGT, Raúl Gómez, esta situación debería estar "ya solucionada". Según explicó, cuando se accede a la función pública ya se debe presentar ahora una declaración jurada de que no se tienen antecedentes penales. Lo que no le cuadra al responsable del área de educación de UGT es que ahora los docentes que ya están trabajando tengan que presentar un certificado de penales "cuando a día de hoy todo se puede tramitar telemáticamente". "Sería legalmente correcto que se lo pidieran a los de nuevo ingreso, pero no a los que ya están trabajando", apunta.
Desde UGT aclaran que están de acuerdo con esta medida pero cuestionan el procedimiento. "Es un trámite que va a ser latoso para los profesores, que además tendrán que pagar una tasa que probablemente andará por los tres euros y medio", señala Raúl Gómez.
Este dirigente sindical desconoce además qué tipo de información recogerá el certificado penal, si se incluirán solo los delitos relacionados con menores o cualquier tipo de condena. "La Xunta no nos ha comunicado nada, de momento", lamenta.
Desde ANPE-Galicia han remitido un escrito a la Consellería de Educación para instarle a que este documento se exija solo a los docentes de nuevo ingreso y no a la plantilla que ya está en activo. Según explica el responsable de este sindicato, Julio Díez, el subsecretario de Educación les ha explicado que en el caso de los docentes que ya están trabajando bastaría con cruzar telemáticamente los datos para asegurarse de que no tienen antecedentes penales por delitos como abusos, trata de blancas o exhibicionismo. "De lo contrario sería tercermundista", advierte. ANPE está totalmente de acuerdo con esta medida y recalca que la petición de certificados penales está recogida por ley y, por lo tanto, "hay que cumplirla".
Desde STEG, sin embargo, la oposición es rotunda. "Hay territorios en los que ya se está solicitando este certificado a interinos y funcionarios en prácticas bajo amenaza de echarlos de las listas", lamenta Diego Pérez, responsable de Organización de este sindicato. En su opinión, se trata de "una vulneración de los derechos de los profesores inaceptable". Según explica, se pide el certificado como medida provisional hasta que no se active el registro de delincuentes sexuales. "Y si no está funcionando, no es problema de los trabajadores", lamenta Pérez que cree que se intenta "desprestigiar" a los profesores.
