La Consellería de Educación exigirá a parte o a todos los profesores que imparten clases en Galicia un certificado de penales para garantizar que no hayan cometido delito alguno relacionado con menores o prácticas como la trata de blancas, abusos o exhibicionismo. La exigencia de requerir esta documentación hasta que no entre en funcionamiento el registro de delincuentes sexuales que prepara el Gobierno está incluida en la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que entró en vigor en agosto, pero la Xunta todavía analiza con Ejecutivo central si se aplicará a los docentes que accedan a la profesión por primera vez o a los 30.000 que desarrollan su trabajo en la actualidad en la comunidad.
La citada ley estatal pretende establecer una frontera para relacionarse con los menores de edad a personas que hayan cometidos delitos "contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humano". Estarán inhabilitados para esta clase de empleos.
Quien desee ejercer una profesión que suponga el contacto con menores deberá acreditar que nunca cometió alguno de esos delitos mediante un certificado negativo del registro de delincuentes sexuales. El plan inicial del Gobierno de Mariano Rajoy consistía en que ese registro estuviese operativo en febrero, pero no está confirmado y además la cita electoral del día 20 podría demorar su entrada en funcionamiento.
La ley establece un mecanismo de funcionamiento transitorio mientras ese listado no funcionaba para garantizar igualmente la protección de los menores con una medida preventiva: exigir un certificado de penales a todos aquellos que trabajen con menores, fundamentalmente profesores.
La Consellería de Educación reconoce que, de momento, no está aplicando esa disposición y que estudia un documento de trabajo enviado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que elaboró la norma, sobre la puesta en práctica de este mecanismo. "Estudiamos si su aplicación práctica tendría carácter retroactivo o si se aplicaría a los docentes de nuevo ingreso", comentan fuentes del departamento de Román Rodríguez.
En ese último caso, deberían presentar el certificado sustitutos nuevos o quienes aprueben y tomen posesión de una plaza. De tener carácter retroactivo, afetaría a los 30.334 profesionales de la enseñanza no universitaria con que cuenta Galicia, según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estatística.
Solo a nuevos ingresos
Educación se inclina solo por pedírselo a los docentes de nuevo ingreso en su interpretación de la ley, que establece que "quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades [donde esté en contacto con menores] deberá acreditar esta circunstancia [no haber cometido delitos citados en la ley como explotación o abusos sexuales] mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales". Luego, sin embargo, vincula la exigencia también al "ejercicio" de la profesión.
Estas dudas han retrasado un proceso que los sindicatos aseguran desconocer. Educación tampoco se pone fechas porque extender a todo el cuerpo docente supondría una avalancha para el registro central de antecedentes penales dependiente del Ministerio de Justicia. Además, del período para que este tramite y envíe esa información, la propia consellería debería comprobarlos y gestionarlos después.
Andalucía y La Rioja ya solicitan la documentación, pero solo a nuevos maestros
- La ley de protección de los menores que establece la necesidad de garantizar que no se han cometido delitos sexuales para trabajar en un entorno de niños no se cumple, a pesar de que entró en vigor en agosto.Tan solo Andalucía y La Rioja han comenzado a exigir los certificados de penales a los nuevos profesores, mientras que Castilla-La Mancha no lo ha aplicado debido a las quejas sindicales. De hecho, la norma ha sido denunciada al Defensor del Pueblo por Comisiones Obreras de esta comunidad, que entiende que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador y la Ley de Protección de Datos, según El Mundo.La Xunta trabaja en un protocolo de gestión de esta información y matiza que su aplicación resulta compleja porque afecta a todas las administraciones. "No solo los docentes están en contacto con menores. Solo en lo referido a los centros educativos y su entorno también lo están el personal de limpieza, cuidadores, trabajadores del comedor, conductores de autobús, etc; personal que, en muchos casos, ni siquiera depende de la consellería ni está contratado por nosotros", añaden fuentes de Educación. También afectaría a firmas privadas y concellos.La exigencia del certificado de penales será transitoria, pero luego "será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores" aportar un certificado negativo del registro de delincuentes sexuales.Mientras tanto, deberá ofrecerse un certificado de penales, documento expedido por el Ministerio de Justicia que especifica todas las condenas firmes impuestas a un ciudadano detallando los delitos. Hasta ahora se exige a puestos relacionados con Justicia, ejército, policía y empresas de seguridad. La polémica radica en que la administración o una empresa conocerá así si un empleado tiene antecedentes por una cuestión no relacionada con delitos sexuales, lo que podría afectar a su contratación.
