El jefe técnico de la Diputación de Pontevedra defiende la legalidad de las obras investigadas por la Patos

El imputado niega la intervención de Louzán o de Figueroa en las contrataciones -Admite que recibió regalos que eran "mera cortesía"

17.11.2015 | 02:25
González Juanatey. // Marta G.Brea

El jefe de los Servicios Técnicos y director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, Manuel Ángel González Juanatey., imputado en la denominada operación Patos declaró ayer ante la juez que instruye el caso que la adjudicación de obras por parte de la corporación provincial a la empresa Eiriña, epicentro de la trama, fue "absolutamente legal". Además negó que el entonces presidente Rafael Louzán y el que fue vicepresidente del organismo José Manuel Figueroa, ambos imputados también en el caso, hubiesen intervenido en los procesos de contratación.

A la juez de la operación Patos, María del Carmen García Campos, que investiga una presunta trama de tráfico de influencias y amaños en la adjudicación de obras públicas que salpica ya a varias administraciones, le tocó ayer el turno de interrogar al técnico de la Diputación en relación a la adjudicación de las obras para construir los campos de fútbol de Moraña y Vigo (Coruxo y Coia), así como diversas obras de saneamiento en varios municipios, caminos, aceras y otros trabajos. La Policía, según consta en el sumario, sospechaba de amaños a favor de Eiriña, la constructora de Enrique Alonso Pais, que también está imputado.

"Era absolutamente todo legal", subrayó Manuel Ángel González Juanatey, a su salida del juzgado. El técnico señaló que respondió "a todas las preguntas" tanto de la juez como del fiscal y explicó que le preguntaron "básicamente cuestiones técnicas" sobre los procedimientos de licitación que "nada tienen que ver con cuestiones de tipo político". "Entiendo que esas cuestiones quedaron suficientemente aclaradas y concretadas", recalcó el director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra.

En su declaración ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, el imputado explicó que el procedimiento para adjudicar las obras está determinado por escrito y que se ajustaron a la normativa. Así, defendió que todas las contrataciones se ajustaron a la legalidad tanto en los casos de adjudicaciones ordinarias mediante concurso público como en los procedimientos negociados sin publicidad.

En el sumario del caso, Manuel Ángel G. J., aparece además como destinatario de los regalos de la empresa Eiriña. El imputado no lo negó pero restó importancia a esta cuestión afirmando ante la juez que estos obsequios son "una mera cortesía".

Medio centenar de políticos, empresarios, técnicos y funcionarios de la Diputación de Pontevedra, la Delegación de la Xunta, la Autoridad Portuaria, así como de seis concellos, están imputados en el marco de la operación Patos contra la corrupción.

Ante la juez han desfilado ya la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch. También pasaron por el juzgado el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, Jaime Alvariñas, director general de esta misma empresa y también imputado, y Juan Ramón Alonso, extécnico de Cespa, la otra empresa investigada en la trama, pero rehusaron hablar. A ellos se sumaron dos funcionarios de la Delegación de la Xunta: el exjefe del Servicio de Formación y Colocación Juan Pedrosa y otra jefa de servicio, Ana Carrera. Las declaraciones continuarán, sin embargo, hasta febrero de 2016.

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